El Juzgado de Instrucción Numero 3 de Algeciras ha notificado a las partes interesadas el inicio del procedimiento abreviado por supuesta prevaricación múltiple en la adjudicación de explotación y uso del cerro y castillo de Santa Catalina, que fue otorgado tras concurso público al proyecto denominado Secreto del Sur y que, posteriormente, derivó en la creación de la empresa Tarifa Centro Santa Catalina, bajo cuya denominación se pretendía llevar a cabo el proyecto.
El ex alcalde socialista Miguel Manella confirmó ayer a este diario que había recibido noticias de la apertura de dicho procedimiento abreviado, como también ratificó la información recabada por este diario de que en la imputación de su persona y la de varios concejales de su equipo de Gobierno permanecía la acusación de prevaricación, pero no así las causas relativas al delito contra el planeamiento urbanístico y otros.
Al margen de confirmar esta notificación judicial, Manella eludió hacer más declaraciones al respecto, y se remitió, igualmente, al respeto hacia un proceso judicial abierto.
Este diario trató también de contactar, sin éxito, con el actual alcalde, Juan Andrés Gil, perteneciente al Partido Popular, que denunció el caso en su momento, para conocer su valoración acerca de este nuevo avance en el caso Santa Catalina.
Antecedentes
En octubre de 2006, el Juzgado número 3 de Instrucción de Algeciras determinaba el precinto del cerro y castillo de Santa Catalina tras la denuncia presentada por el Partido Popular en abril del mismo año contra el proceso de adjudicación del uso y explotación del enclave.
En todo ese proceso de diligencias previas,cuya fase de instrucción finalizó en marzo del 2010, se han visto imputados el anterior alcalde, la mayoría de sus concejales –exceptuando Sebastián Galindo- y los adjudicatarios del concurso de ideas.
La denuncia se amplió por otorgar una licencia de explotación de un chiringuito denominado “Cañamán” que los adjudicatarios llegaron a abrir durante algunos días antes de que se les fuese retirado por el entonces alcalde, Miguel Manella.
La asociación contra la defensa del patrimonio cultural, Mellaria alertó sobre las posibles irregularidades de la concesión, y posteriormente denunció el “estado de abandono” del enclave declarado BIC y LIG, Bien de Interés Cultural y Bien de Interés Geológico. Mellaria llegó a solicitar a la jueza instructora del caso y al Juez Decano de Algeciras la autorización para ejecutar obras de urgencia mientras no se resolvía el proceso.Han pasado los años y el cerro y castillo viven su decadencia.
