Con esta resolución, asegura Landaluce, lo único que ha hecho la citada comisión europea ha sido “atender a la cordura y a los tratados internacionales vigentes que nunca han reconocido aguas territoriales a Gibraltar”. Así, añade, “queda clara la responsabilidad de España de velar por la conservación del medioambiente, materia a la que se refiere la citada resolución, aunque ello haya causado resquemores en el Reino Unido, que ha manifestado tener plena confianza en su soberanía sobre las aguas territoriales de Gibraltar”.
Cinismo
Esta decisión atiende de manera específica a cuestiones medioambientales, y para Landaluce el que el Reino Unido “haya pretendido parecer ultrajado por tal resolución, no deja de ser un acto de cinismo, ya que si hay algo que trae sin cuidado a Gibraltar hoy por hoy es el medio ambiente”. Asegura el diputado popular que “todavía tenemos en aguas de la Bahía de Algeciras los restos del New Flame con parte de su carga, y Gibraltar pretende asumir la responsabilidad medioambiental sobre las aguas que rodean el Peñón”.
“Como también resulta insolente que Gibraltar hable de responsabilidad medioambiental con el atentado ecológico que suponen los rellenos que está llevando a cabo en East Side favorecidos por el Gobierno gibraltareño, pese a la oposición de colectivos ecologistas e incluso, aunque tímidamente, del Gobierno español”, prosigue.
Reconocimiento
Por tanto, la decisión de la Unión Europea, “como bien apunta el Partido Progresista de Gibraltar (PDP), designando la responsabilidad medioambiental en manos de España no deja de ser un reconocimiento a la jurisdicción de esas aguas que recae única y exclusivamente en manos del Gobierno español”, añade Landaluce.
A pesar de haber sido interpretado como un “acto hostil”, esta decisión a criterio de los populares españoles “está avalada por tratados internacionales que nunca han sido derogados y por tanto están vigentes en la actualidad”.
El diputado popular concluye insistiendo en que la visita de la princesa Ana de Inglaterra a Gibraltar puede entenderse como “un apoyo de la Casa Real británica a todas estas reivindicaciones soberanistas que no se ajustan a la realidad histórica y actual de un territorio al que España nunca ha renunciado”. “El Reino Unido no puede favorecer malas interpretaciones de la legalidad y debería asumir esta resolución como la única vía factible de velar por los intereses medioambientales de unas aguas que pertenecen a España”, sentencia el popular.
