El fiscal anticorrupción pide tres años de prisión y una multa de 8,6 millones de euros para la exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, por desviar subvenciones del denominado "Plan E" para pagar gastos municipales.
El fiscal hace esta petición al acusar a Pilar Sánchez de un delito de fraude de subvenciones en su escrito de acusación sobre este caso, han informado a Efe fuentes judiciales.
En el escrito, según las mismas fuentes, el fiscal detalla cómo el gobierno municipal que lideraba Sánchez utilizó el dinero de estas ayudas, que sólo se podían usar para los fines para los que habían sido concedidas -como la construcción del Museo "Lola Flores" o de la Ciudad del Flamenco-, para pagar gastos corrientes, desde nóminas municipales, el servicio municipal de limpieza o facturas de la luz, pese a las advertencias del interventor y del tesorero municipal.
En concreto, el Estado ingresó 17,7 millones de euros en una cuenta restringida abierta para tal fin por el Ayuntamiento con el objetivo de financiar 37 proyectos de inversión subvencionados con cargo al Plan E.
Sin embargo, y según el informe elaborado por la Intervención y la Tesorería del propio Consistorio, el Gobierno local dispuso de 9,7 millones de euros de esa cuenta restringida a pesar de la existencia de "informes contrarios" desde ambos departamentos.
Con ese dinero se abonaron nóminas a la plantilla municipal e incluso se afrontaron pagos con Endesa y con empresas concesionarias de servicios públicos, como Acasa o Limasa, que entonces se hacían cargo de las ayudas a domicilio y la limpieza de dependencias municipales y colegios públicos de Infantil y Primaria.
No obstante, durante los ejercicios 2010 y 2011 el Ayuntamiento transfirió 3,3 millones de euros a la cuenta restringida para tratar de compensar las cantidades utilizadas para otros fines a los inicialmente previstos.
Como consecuencia de esos desfases muchos de los proyectos afectados no llegaron a ejecutarse en tiempo y forma, si bien a lo largo de la presente legislatura el Ayuntamiento, gobernado ahora por el PP, ha alcanzado acuerdos con distintos constructores para culminar las actuaciones.
Por todo ello, la fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa, una vista que se sumará a la que tiene pendiente por el denominado "caso PTA", en el que se le acusa de incurrir en supuestas irregularidades en la concesión de ayudas para la compra de suelos en este parque empresarial.
