El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, valoró ayer la propuesta de IU de reclamar al Gobierno la supresión del peaje en la AP-4, admitiendo en todo caso que, aunque ve “positivo” su eliminación, “no supone una prioridad” para la Administración autonómica plantear esta reclamación en los Presupuestos Generales del Estado.
López Gil reconoció que, a pesar de que la Junta tiene una “magnífica” red de autovías que comunican y vertebran la provincia gaditana, “no es positivo” que la única autopista con Sevilla sea de peaje.
Aunque dijo respetar la iniciativa de IULV-CA, “porque de conseguirse sería muy positivo”, insistió en que este asunto “no está entre las principales reclamaciones al Gobierno Central”, abogando por solicitar en cambio carga de trabajo para los astilleros de Navantia en la Bahía.
A 41,6 millones por año
La propuesta de IULV-CA pasa por solicitar al Gobierno el rescate de la AP-4, cuya concesión está otorgada a Aumar hasta el 31 de diciembre de 2019. Eso implicaría, según la propia coalición, un desembolso económico aproximado de 250 millones de euros.
Sin embargo, conviene recordar a este respecto que la propia ministra de Fomento, Ana Pastor, adquirió en noviembre de 2012 el compromiso de no prorrogar esa concesión, lo que permitiría que el Estado recuperara la tutela de la carretera sin necesidad de pagar por ello a la empresa privada que actualmente la explota.
Tras ese anuncio, el diputado popular Aurelio Romero explicó que la decisión del Gobierno permitiría “ahorrar costes y, sobre todo, años de espera”, toda vez que el desdoble de la A-4 supondría un mayor desembolso económico y no existirían garantías de que la obra estuviera culminada en 2019, ya que entre otras cosas varios ayuntamientos presentaron alegaciones al trazado inicial.
