La exalcaldesa socialista de Jerez de y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, Pilar Sánchez, ha asegurado que cuando estaba al frente del Ayuntamiento trasladó a la directora general del Ministerio competente en una conversación telefónica que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y que tenía preparado un plan de reposición conjunto.
Así lo ha indicado Sánchez durante la primera sesión del juicio del denominado 'caso desvío de fondos' que se celebra hasta el miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez y en el que está acusada de un presunto delito de prevaricación y otro contra la Hacienda Pública por el supuesto desvío de 8,6 millones de euros del Plan E que habría destinado al pago de la nómina de la plantilla municipal o a las concesionarias, es decir, a fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos.
Pilar Sánchez, que se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de la Abogacía del Estado, se ha limitado a responder a las cuestiones planteadas por su abogado y la Fiscalía, lo que ha hecho por espacio de más de dos horas.
"No me levanté un día y dije: 'Voy a gastar los fondos del Plan E para pagar las nóminas'", ha dicho tras ser preguntada por el fiscal sobre por qué utilizó los fondos de una cuenta restringida. Al respecto, ha explicado que se constituyó un "comité de crisis formado por el interventor, tesoreros y miembros del gobierno local para buscar una solución a un problema puntual del Ayuntamiento".
Ha insistido en que "no hubo improvisación" y en que había "un plan de reposición". Añade Sánchez que ese comité de crisis consideró que "el pago de las nóminas a 3.000 familias era una necesidad y una causa de fuerza mayor", lo cual también entiende que era su "obligación". En este sentido, ha enfatizado que "nunca" ha visto a "ningún alcalde sentado en un banquillo por esto".
Destaca que buscaban "el equilibrio" y que "nunca" dejaron de pagar dentro de plazo las certificaciones de pago que le iban llegando de las obras del Plan E, afirmando en este sentido que "si hubiera seguido gobernando se hubieran seguido reponiendo los pagos", ya que "había ingresos previstos, no inventados. Eran ingresos previsibles".
De hecho, apunta la exalcaldesa socialista que no ha recibido ningún requerimiento porque las obras del Plan E "se estaban pagando" y cuando dejó la Alcaldía "estaban al 75 por ciento de ejecución".
Sánchez también ha descartado que tuviera un informe jurídico que le prohibiera utilizar los fondos para pagar la nómina, tras asegurar que el Real Decreto en el que se regulaba las condiciones del Plan E contemplaba la necesidad de "reponer" alguna cantidad si era utilizaba para fines distintos a los concedidos "por causa de fuerza mayor", como considera que era hacerlo para pagar la nómina a la plantilla "y no para una fiesta", apostilla.
La exalcaldesa también ha reiterado que "confiaba plenamente" en los técnicos del área de Tesorería que emitían los informes de reposición de cantidades retiradas de la cuenta restringida que ella firmaba, "porque los pagos se iban haciendo" y ellos "resolvían cada día la papeleta económica del Ayuntamiento".
En este sentido, ha insistido en que dichos informes "no eran un reparo al pago, sino un camino", resaltando ella no hubiera firmado un documento "para autoinculparme en una causa penal", ya que "se lo consulté a todo el mundo" y "se hizo con luz y taquígrafo".
Cabe recordar que los hechos fueron denunciados por el actual gobierno local del PP ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar, al mes y medio de tomar posesión, desfases que en un primer momento ascendieron a 7,6 millones de euros y que en la denuncia final se elevaron a 8,6 millones, según la acusación de la Fiscalía.
Por ello, en la vista de este lunes también ha declarado la actual alcaldesa, María José García-Pelayo (PP), que ha explicado al tribunal que reparó de la situación a raíz de recibir un documento del Gobierno central pidiéndole un informe con fotografías de las obras realizadas con las cantidades que recibió el Ayuntamiento --más de 15 millones de euros-- y darse cuenta de que "no podía justificar con fotos" la ejecución de los proyectos.
“Los escraches de ahora se inventaron conmigo”
Sánchez fue alcaldesa desde el 2005 hasta mayo de 2011. En el último año de su mandato todo se complicó, y la crisis lo agravó aún más. Los fondos del Plan E para promover el empleo a partir de las necesidades de infraestructura de la Administración local (edificios como la futura comisaría del 092, la nueva Escuela de Idiomas u otros proyectos) se traducirían en la ejecución de más de 40 proyectos, inclusive la Ciudad del Flamenco, que supondrían el ingreso de casi 20 millones. De esta cuantía, el Ayuntamiento recibiría el 85% que se ingresaría en una cuenta restringida al principio y el resto se completaría ya con las obras acabadas. La crisis “social” y “laboral” que había en Jerez en esa fecha, hizo que Sánchez priorizara y antepusiese el pago de las nóminas a las obras, sin renunciar a ellas. “Los escraches de ahora se inventaron conmigo”. “El SIP se vestía de romano y me seguía por toda la ciudad”. “A mi marido le pintaron en el capó del coche RIP”, detalló ayer al fiscal, que le pide una multa de 8,6 millones y tres años de cárcel por fraude de subvenciones.
AFIRMACIONES "IMPOSIBLES" DE SÁNCHEZ
Así, ha asegurado que en ese momento era "totalmente imposible" tener ingresos "inminentes" para reponer dichas cantidades ante "el colapso de tesorería que había" y que les dejaba "sin posibilidad de asumir pagos". En este sentido, ha considerado "imposible" las manifestaciones de Sánchez asegurando que si ella hubiera seguido en la Alcaldía en 2011 hubiera seguido pagando las obras.
García-Pelayo ha abundado que cuando ella llegó al Ayuntamiento la alcaldesa saliente sólo había pagado "la mitad de la nómina de mayo a la plantilla" y en ese momento los ingresos del Consistorios "estaban comprometidos" por "tomas de razón" y el convenio con la Diputación y los proyectos.
La regidora jerezana también ha lamentado que debido al "desfase" detectado y al haber asumido la terminación de algunas de las ocho obras afectadas con cargo al Plan ICO, cuyas cantidades deberán devolver a los bancos, "las vamos a tener que pagar dos veces".
En la sesión de este lunes también ha declarado el primer teniente de alcalde y delegado municipal de Urbanismo cuando se detectaron los desvíos, Antonio Saldaña, y un técnico de Urbanismo, mientras que para este martes está prevista la comparecencia de casi una decena de técnicos municipales como testigos.
