En una respuesta escrita, de la Vicepresidencia Primera del Gobierno al requerimiento de información realizado por Verdemar-Ecologistas en Acción, el Ejecutivo mostró su “preocupación” por las “consecuencias de la permanencia de buques en aguas próximas al puerto de Gibraltar”.
Según dijo, el puerto de Algeciras es “prioritario” por su impacto en la economía andaluza y por su “vulnerabilidad ambiental”, por lo que el Ministerio de Fomento “ha impulsado numerosas medidas para mejorar su gestión y evitar, en la medida de lo posible, que incidentes como los de Fedra y Tawe se repitan”.
Entre estas medidas, se significó que Capitanía Marítima de Algeciras abrió desde 2007 un total de 20 expedientes sancionadores a 20 buques, a los que se le exigieron garantías económicas cuyas cuantías oscilaban entre los 50.000 y los 600.000 euros.
Del mismo modo, la respuesta destaca que el Plan Nacional de Salvamento 2006-2009 “ha incrementado notablemente los medios disponibles” en la Bahía para mejorar la seguridad marítima, de modo que la infraestructura actual consta de un buque polivalente, tres embarcaciones rápidas, un helicóptero y dos aviones destinados a la detección de hidrocarburos en el mar.
Por otra parte, a petición de los gobiernos de España y Marruecos, la Organización Marítima Internacional “ha modificado el dispositivo de separación de tráfico del Estrecho de Gibraltar”.
