Los casos de bebés robados en España entre los años 1940 y 1990 siguen siendo una de las páginas más oscuras de la historia reciente de nuestro país. Según las denuncias formuladas por las asociaciones de víctimas de esta trama de venta de seres humanos, se han producido al menos 300.000 casos de bebés arrancados de sus madres tras nacer en decenas de hospitales públicos, privados y religiosos de toda España.
Los órganos judiciales de las distintas comunidades autónomas reciben a diario nuevas denuncias de familias que sospechan que sus hijos fueron vendidos después de haber sido dados por muertos, así como de particulares que sospechan de la irregularidad de sus adopciones. Hablamos de decenas de responsables médicos que han falseado la documentación, matronas que han intercambiado recién nacidos y responsables de cementerios que han inscrito en nichos a bebés que nunca se llegaron a enterrar y en cuyas supuestas tumbas han llorado sus madres y padres durante décadas.
Sin embargo, el esclarecimiento de los hechos se está topando con mil y una trabas administrativas, que van desde la negativa que reciben las víctimas a acceder a la documentación existente en diferentes registros hasta, en los casos de Cádiz y Huelva, la decisión de las audiencias provinciales de aprobar la prescripción de los casos una vez pasados 15 años desde que los bebés sustraídos cumplieran la mayoría de edad, lo que condena a un gran número de familias a ver cómo se archivan, sistemáticamente, las denuncias presentadas.
Es por ello que Izquierda Unida, a instancias de la Asociación SOS Bebés Robados, llevará una proposición, al próximo Pleno ordinario, con la que pretende forzar para que se facilite al máximo la información requerida por las víctimas, es establezca un protocolo de ayudas para que éstas puedan hacer frente a las pruebas de ADN y, en caso de ser necesarias, las exhumaciones y se adopten las medidas oportunas para acabar con la prescripción de estos casos.
