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Citan a dos trabajadores por atentado contra un asesor de la alcaldesa

Los investigados, uno de ellos sindicalista del SIP, deberán acudir a declarar el 26 de septiembre. La juez sí archiva la denuncia presentada por injurias

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  • El día de los hechos -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez ha citado a declarar en calidad de investigados a dos trabajadores del Ayuntamiento -uno de ellos sindicalista del SIP- por un presunto delito de atentado contra un asesor de la alcaldesa Mamen Sánchez, tal y como ha adelantado Ana Huguet en su espacio informativo de Radio Jerez-Cadena Ser.

Según el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la juez ha decidido archivar la denuncia por presuntas injurias, por la “atipicidad de las vejaciones” aludidas, pero sí mantiene la investigación por el delito de “atentado” recogido en el artículo 550 del Código Penal, y ha citado a declarar a ambos trabajadores el próximo 26 de septiembre

Los hechos se remontan al mediodía del pasado viernes 22 de abril, cuando el Gobierno local denunció que uno de los asesores de la alcaldesa había sido insultado, amenazado y sometido a un forcejeo, después de que un grupo de trabajadores y sindicalistas irrumpiera en la primera planta del Ayuntamiento para pedir explicaciones a la delegada de Personal, Laura Álvarez, por el plan de ajuste. No obstante, en la denuncia se incorporan asimismo “distintas situaciones acaecidas los días 25, 26 y 27 de abril, con ocasión de las negociaciones con sindicatos de Policía”.

La juez establece en el auto que una vez examinada la denuncia “se desprenden que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de atentado por los actos verificados en la sede del Ayuntamiento en relación con el funcionario -en alusión al asesor de Sánchez- y de los que resultarían eventualmente responsables” los citados trabajadores municipales.

En el auto se recalca asimismo que, “de otro lado, y así lo confirma el visionado del soporte audiovisual aportado por la parte denunciante, tan sólo se aportan datos de actos que suponen insultos, pero que no constan dirigidos a ninguna de las personas que ostentan la condición de autoridad en la Corporación municipal”, por lo que “procede la declaración de atipicidad y consiguiente archivo de las actuaciones respecto de las eventuales injurias denunciadas, debiendo continuar la instrucción por el eventual delito de atentado”.

El día de los hechos, el Gobierno local se refirió a los mismos como “desagradables incidentes”, e incluso dieron aviso a la Policía Nacional “ante los insultos y la actitud violenta de un grupo de trabajadores”.

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