El Gobierno local duda ya que pueda aprobar los presupuestos del ejercicio ya en curso antes de que finalice la legislatura, entre otras cosas porque el “revés” que supuso la negativa del Pleno a la actualización al IPC del precio del agua provoca un desfase contable de alrededor de dos millones de euros, un dinero que presumiblemente deberá transferir el Ayuntamiento a la empresa Aquajerez por el incumplimiento del pliego de condiciones que regula la concesión, que contempla la revisión anual de la tarifa.
El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, no se mostró ayer especialmente preocupado por la posibilidad de que no pueda aprobarse el presupuesto del presente ejercicio, insistiendo en la idea de que el documento prorrogado de 2018 es “perfectamente funcional” y recoge todavía un importante volumen de inversiones que deberán ejecutarse antes de la conclusión de la legislatura.
“Tenemos una tarea importante hasta el mes de mayo para poder ejecutar todo lo que está previsto, porque el presupuesto de 2018 era muy potente en cuanto a inversiones. Nos quedan actuaciones en el Tabanco del Duque, el Astoria, el Callejón de los Bolos, la bodega de la Fundación Andrés de Ribera o el Museo de Lola Flores”, recordó, dando a entender que el hecho de que no se apruebe un nuevo presupuesto no va a implicar en ningún caso una parálisis de la gestión municipal ni una merma de las inversiones ya previstas.
De hecho, Galván entiende que la prórroga del presupuesto del ejercicio 2018 podría extenderse a la totalidad del ejercicio sin que ello implicase una merma para la gestión municipal.
En cualquier caso, el teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales asegura que se sigue trabajando en la elaboración de un nuevo presupuesto, aunque no deja de ser consciente de que el paso del tiempo juega precisamente en contra de ese objetivo. No en vano, en estos últimos meses, Galván ha mantenido contactos informales con algunos grupos de la oposición con el propósito de sacar adelante un nuevo presupuesto.
Un coste que asume el Ayuntamiento
La negativa del Pleno municipal a actualizar al IPC el precio de la tarifa del agua evita un incremento del gasto para el contribuyente, pero al mismo tiempo supone un coste para las arcas públicas, ya que el Ayuntamiento debe abonar a Aquajerez el dinero que deja de percibir por esa congelación de la tarifa. En concreto, el Consistorio ha tenido que abonar 340.000 euros por el déficit de 2017 y previsiblemente tendrá que hacer frente a un desembolso aproximado de 700.000 euros correspondiente a 2018. Para este nuevo ejercicio se calcula que la negativa a revisar el precio supondrá un coste para el Ayuntamiento de alrededor de dos millones de euros.
