Al límite. Así se encuentran desde hace demasiado tiempo los agricultores y ganaderos de la provincia después de que el sector haya reventado por una caída de precios en origen a niveles de hace 20 y 30 años que ya es insostenible, y una competencia desleal con los países terceros que evidencia más que nunca la urgencia de modificar la Ley de la Cadena Alimentaria. El hartazgo hace mella. No pueden más. No pueden vivir de lo que cobran de los productos que cultivan y por los que los consumidores llegan a pagar hasta un 300 y un 400% más. Y a las pruebas se remiten: Un kilo de patatas se paga a 0,19 céntimos y están en el lineal a 1,20; el kilo de vacuno lo cobran a 3,90 euros y está a 15 euros en los supermercados. “En 2008 he vendido la tonelada de trigo a 450 euros y ahora están a 240, casi a la mitad”, señala el presidente de Asaja-Cádiz, Pedro Gallardo, para seguir ilustrando este desequilibrio. Tiene claro que “alguien se está llevando” ese diferencial de precios entre el origen y el consumo “y no somos nosotros”.
Están en pie de guerra. El próximo 18 de febrero se echarán a la calle para protagonizar una gran movilización a las 11.00 horas en Villamartín en una jornada de protestas con cortes de la carretera A-384, que une Arcos con Antequera, concentración y tractorada convocada por Asaja, COAG , UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Cádiz. Se trata de la primera acción en la provincia de una campaña nacional de movilizaciones que también pasará por Madrid y muy probablemente por Bruselas. La lista de frentes abiertos es dilatada pero el declive histórico de los precios es su gran caballo de batalla, ya que las cantidades que perciben hacen inasumibles unos costes de producción que han seguido su tendencia al alza todos estos años, al contrario de lo que ha ocurrido con lo que perciben por su trabajo. Hay un desequilibrio al que entienden que hay que meter mano ya, modificando la Ley de la Cadena Alimentaria.
“El agricultor así no puede defender vivir de la agricultura. Somos el único sector que no ponemos precios y que cuando tenemos gastos te dicen cual es el coste, lo que pagas y cómo lo tienes que vender”, señala José Luis Ibáñez, de la junta directiva de COAG. En la práctica, el sector lleva años “vendiendo a pérdidas”, una realidad que tiene que tiene cambiar, con una regulación, como se ha hecho en otros países. “En Francia no se puede vender a pérdidas, y eso no está regulado en España, el Tribunal de la Competencia decía que no se podía regular, pero Francia tiene el mismo marco normativo que España, así que aquí también se puede hacer. Otra cosa es que no haya voluntad político de hacerlo”, indica.
En esta misma tónica, denuncian la “competencia desleal” por la entrada de las producciones de países terceros que no cumplen unos estándares mínimos de calidad y unas normativas que los países europeos tienen que cumplir. No se trata de que no estén de acuerdo, las acatan, pero como critica Ibáñez, “ese mismo celo no se cumple”. “No hay reciprocidad, no tenemos las mismas reglas del juego”, añade Pedro Gallardo. “Aquí están entrando tomates del norte de África con 20 productos prohibidos en la Unión Europea, lo mismo que la naranja de Sudáfrica, con 30 productos no autorizados, que también está entrando, y no hay diferencia”, matiza para dejar claro que esta situación no se detalla en los supermercados ni en la etiqueta del producto.
Pero no todo está perdido. La reciente creación de la mesa de diálogo agrario con el Gobierno central y Asaja, COAG y UPA “es un paso muy grande”, señala Ibáñez, especialmente después de que ya se haya reconocido que “no se puede vender a pérdidas”. Ahora lo que falta es materializar esta predisposición en acciones, fijando una horquilla de precios, sobre la que ya vaticina que generará “otra pelea” necesaria para seguir avanzando. “Aplaudimos al ministro Plana, pero no basta con esto, las leyes de la cadena alimentaria tienen que cambiar, y habrá que dar una pensada al Tribunal de Competencia”, apostilla Gallardo, quien hace un llamamiento a la población a que se sume a la jornada de protestas del próximo día 18.
Así, desde Asaja han enviado una carta a los alcaldes de los municipios de la provincia, pero insisten en que el conjunto de la ciudadanía, y no únicamente agricultores y ganaderos, se tienen que implicar en un problema que les toca más de cerca de lo que se piensan. Han hecho sus cálculos, y esperan que participen unas 5.000 personas. “Se tiene que llenar, estamos convocando a todos, no es sólo un problema del mundo rural, lo tiene todo el pueblo. Si el agricultor desaparece, desparece el transporte, los turistas que comen bien lo hacen gracias a los productos de aquí, por culpa de los agricultores, así que a los hosteleros les toca también muy de cerca, a las amas de casa, jubilados, escolares, funcionarios..la idea es que vengan todos”, apunta.
La subida del SMI y el Brexit, las ‘puntillas’ a un año con un 9% menos de renta agraria
El sector, de momento, está a la expectativa con el Brexit, dado que aún hay un periodo de transición de casi un año. También tienen claro que no era el mejor momento para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “Ha sido la puntilla, no estamos en contra de que suba pero no es el año más idóneo pues tenemos un 9% menos de renta agraria, malas cosechas y malos precios. En Portugal el SMI está a 650 euros”, señala Gallardo, que advierte que hay que estar vigilante con esta cuestión.
