José Luis Ábalos era entonces ministro de Transportes. De él partió a comienzos de este mismo año la posibilidad de instaurar peajes en todas las autovías a partir de 2024. Es decir, de no renovar las concesiones de autopistas de pago para irlas liberalizando -como ocurrió con la AP-4 entre Sevilla y Cádiz-, se pretende pasar a exigir el pago por autovías por las que en este momento se circula libremente, caso de la A-4, como uno de los ejemplos más representativos de la provincia.
Ábalos se encontró de frente con la oposición del sector del transporte, los usuarios, partidos políticos y gobiernos autonómicos, y decidió posponer el debate en busca del consenso. Ese debate lo ha heredado su sucesora en el cargo, Raquel Sánchez, que esta semana ha rescatado el asunto y ha pedido unos meses para definir el modelo de circulación por vías rápidas. No solo ella. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha incidido en que el Gobierno confía en acordar un modelo de pago de carreteras esta misma legislatura. Montero ha hablado expresamente del “nuevo modelo de financiación, mantenimiento y conservación de las autopistas que han quedado liberadas de peajes”. Es decir, no alude expresamente a las autovías, pero en el caso de la provincia de Cádiz eso supone reimplantar de nuevo el peaje por la antigua autopista de peaje entre Sevilla y Cádiz, contra el que se luchó durante tantos años hasta que el Gobierno no prorrogó su concesión a partir del 1 de enero de 2020.
Montero señalaba esta semana en una entrevista en RNE, que se trata de un trabajo “del medio plazo” y recordó que, aunque otros departamentos echen una mano, es el Ministerio de Transportes el encargado de poner encima de la mesa “un modelo que permita consensuarse con el resto de actores y que no sea gravoso para los ciudadanos y sea una garantía de la seguridad en las carreteras”. En este sentido, para el Gobierno central la “referencia” es lo que existe en países del entorno europeo como Francia, de ahí que se defienda un nuevo modelo que será “mucho más progresivo” que el de los peajes por tramos, ya que “lo regresivo es que solo una parte de los ciudadanos paguen por utilizar un tramo de carretera”.
Por su parte, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que habrá que esperar al menos unos meses para poder definir el nuevo modelo de financiación, mantenimiento y conservación de las autopistas que han quedado liberadas de peajes, para lo que se ha mostrado dispuesta a pactar un modelo de consenso “junto a los agentes sociales, políticos y el resto de administraciones”. Sánchez ha puntualizado que “es obvio que las cosas no son gratis” y, sin precisar cómo debería ser el nuevo modelo, ha añadido: “La lógica es que pague más quien usa la carretera y más quien contamina, e intentar priorizar otros sistemas de transporte, como el ferroviario”. El próximo capítulo, este otoño.
