El artículo 23 de la Constitución propugna, como un derecho fundamental, que los ciudadanos puedan elegir entre participar directamente o por medio de representantes en todos los asuntos públicos (económicos, sociales, etc). En la exposición de motivos de la recientemente aprobada Ley de Participación de Andalucía se dice que el impulso de formas directas de participación ciudadana que complementen las instituciones representativas se ha convertido en una demanda social de primera magnitud como se viene poniendo de manifiesto en los últimos tiempos. Parece claro que la sociedad demanda nuevas formas de participación en la vida pública.
Se busca a través de la participación tener la capacidad de influir en la adopción de medidas políticas, lo que implicará que éstas tengan una dimensión más humana y se pueda desarrollar una sociedad más justa, y así involucrar en mayor medida a los miembros de la sociedad en el proceso político. Hay tres elementos de la participación ciudadana que resultan clave. Primero, y muy obvio, para poder hablar de participación ciudadana, la ciudadanía, organizada o a título individual, debe asumir un rol activo y relevante.
En segundo lugar, la participación debe producirse sobre cuestiones de carácter público, entendiendo lo público como lo colectivo, más allá del marco institucional. Y tercero, a través de su participación, las personas han de incidir en la resolución de un problema de naturaleza colectiva y, por tanto, también en los resultados, ya sea aportando elementos de diagnóstico, planteando propuestas, tomando decisiones o implementando soluciones.
Como la mayoría de la población conoce, la administración local es la más cercana a la gente, a la que más fácilmente se puede acceder, y que tiene en sus manos aspectos tan importantes como el desarrollo urbanístico de los pueblos y ciudades, los servicios sociales, el acceso a una vivienda pública, la movilidad, etc. Por ello es la administración que con mayor facilidad puede crear instrumentos que permitan la implicación de la ciudadanía en la vida pública.
En Sevilla el Reglamento de Participación Ciudadana en vigor data de octubre de 1999. Resulta evidente que nos encontramos ante una sociedad muy distinta de la de hace casi 20 años. Una sociedad en la que se han producido importantes cambios económicos, sociales y políticos. Nos encontramos ante un nuevo escenario en el que la ciudadanía ha recuperado el interés por la cosa pública, pero, al mismo tiempo, ha perdido la confianza en las instituciones públicas y los partidos políticos.
Es más que necesario que en el nuevo Reglamento, cuya tramitación se está demorando en exceso, y que debería ser ambicioso y moderno, se recojan nuevas formas de gobernanza participativa, donde se asuma que el Ayuntamiento debe crear espacios de trabajo con los agentes sociales de la ciudad, con un actitud de escucha y colaboración, para así entre todos abordar la resolución de los problemas colectivos. En definitiva, que pueda construir sus políticas conjuntamente con la comunidad. Es necesario buscar nuevas formas de relación entre la administración y la ciudadanía que se adapten a esta nueva realidad social.
Debemos apostar por un modelo de democracia más radical, más directa, más real, entendiendo la participación ciudadana como una práctica cotidiana a través de la cual es posible transformar nuestras vidas y nuestro entorno. Debemos ir más allá de los espacios de participación existentes en la actualidad (Consejos de Participación Ciudadana, Juntas Municipales de Distrito) y empezar a poner en marcha prácticas ya existentes en otros municipios, como la cogestión de equipamientos municipales o la colaboración con organizaciones sociales en la prestación de unos determinados servicios. Internet abre nuevas oportunidades a la participación ciudadana de carácter institucional.
Uno de los campos donde las nuevas tecnologías pueden suponer un avance significativo es el de la implicación de la ciudadanía no organizada, que tiene dificultades para acceder a los espacios clásicos de participación. Por otra parte, Internet también permite nuevos espacios de opinión, deliberación y propuesta con formatos distintos a los presenciales. No podemos olvidar los riesgos en el uso de las nuevas tecnologías por parte de la Administración pública, como la exclusión de una parte de la población debido a la fractura digital o la pérdida de los elementos positivos de la participación presencial La participación ciudadana es consustancial a la “democracia real” y por eso no es de extrañar que esté tan extendida, en todas o algunas de sus formas, en países tan diferentes como Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Austria, Suiza, Italia o Nueva Zelanda.
La capacidad deliberativa y la madurez democrática de la ciudadanía sevillana no es menor que la de los habitantes de estos países. Por eso, el futuro político de Sevilla tiene mucho que ganar y nada que perder mejorando la implicación de la ciudadanía en la vida política de la ciudad, haciendo posible, en suma, que el pueblo gobernado pueda ser, en mayor medida, pueblo gobernante.
