Los medios de comunicación han venido publicando numerosas noticias sobre una posible revisión por el Ministerio de Hacienda de las deducciones aplicadas en el IRPF por parte de padres de alumnos que realizan aportaciones voluntarias a las entidades titulares de los centros educativos en que se hayan escolarizados sus hijos, es decir, de los donativos a centros concertados o sostenidos con fondos públicos.
Todo muy sorprendente y llamativo, si se tiene en cuenta que lo cierto es que no ha habido cambios normativos, la regulación sigue intacta, la Agencia Tributaria dice que no hay modificación de interpretación ni de criterio, y el Ministerio de Hacienda indica que no hay ninguna campaña de persecución a la concertada.
Si solo se trata de que, en alguna revisión puntual de alguna declaración, como hay miles, han analizado que en ese supuesto en concreto no parecía tratarse de un donativo, de una aportación voluntaria de mera liberalidad, porque existía algún tipo de contraprestación, y, por tanto, que no es que los donativos no sean deducibles, sino que ahí no había un donativo; es decir, nada extensible, nada estentóreo, entonces ¿dónde está la noticia?
Frente al extremadamente útil, tanto como injusto, recurso de matar al mensajero, y decir que los medios pretenden crispar y generar alarma allí donde no la hay, les diré que no me lo creo. El Gobierno con una mano, probablemente la más formal y oficial, manifiesta que nada hay, que nada ha cambiado y que no se explica el revuelo, mientras con la otra, la sibilina, la que tira la piedra, parece pretender confundir y desestabilizar una vez más con sus actuaciones, haciendo públicos supuestos puntuales o paseando a la Ministra por algún plató, al sector de la educación concertada.
Con medida ambigüedad acaba cuestionando si los centros concertados no estarán cobrando cuotas ilegales por la prestación del servicio educativo concertado y gratuito (si el donativo conlleva contraprestación, no es donativo, es cuota) y aún si no es así, si la Administración no entrará a valorarlo, con riesgo de sanción para padres incautos. Igual con ello este Gobierno, el mismo que, no lo olvidemos, cuestiona el valor de la demanda social en la programación de plazas educativas, el que minusvalora la libertad de elección de los padres, el que pretende recuperar los comisarios políticos en la concertada, el que se inventa el “derecho a la educación pública” frente al único que existe, que es el constitucional derecho a la educación, … también pretende ahogar económicamente, un poco más aún, a la enseñanza de iniciativa social.
Pues fíjense por dónde, ya que entramos en lo económico, magnífica pintan la oportunidad para recordar que la causa principal por la que los centros concertados acaban pidiendo, a los padres de sus alumnos y al conjunto de la sociedad, donativos es porque la Administración incumple de forma manifiesta y grosera con su obligación de garantizar la gratuidad de la enseñanza, y abona a los centros concertados una muy exigua partida de “otros gastos”, insuficiente a todas luces para cubrir los costes que conlleva, como incluso reconoce la propia LOE socialista, que habla de la necesidad de establecer el coste real de la enseñanza y de actualizar las cantidades (lo que nunca se ha hecho).
Es “justo y necesario” recordar que, de media estatal, la plaza en un centro concertado le cuesta al erario público unos 3.000 €, frente a los 6.000 € que le viene suponiendo un puesto en un centro público, abocando al centro concertado a buscar alternativas de financiación. Igual, de una vez, la enseñanza concertada debería echarse a la calle para pedir que le abonen el coste real del servicio que presta, o plantearse un enfrentamiento con este Gobierno que con tanto menosprecio la trata. Quién sabe, tal vez así consiga que le ponga un “relator” para negociar, o se disponga de una vez al diálogo que, en estos meses, en este ámbito, incluida la tramitación legal unilateral para volver al punto de partida de una LOE fracasada, ha brillado por la más absoluta de sus ausencias.
