El 4 de octubre la España vaciada volvió a salir a la calle a reclamar su visibilidad y con ello su derecho a tener las mismas oportunidades que la España más poblada. Y tiene toda la razón y cuenta con mi más absoluta solidaridad y apoyo.
Ahora bien, esto no llega. Si quieren conseguir algo tienen que dar un paso adelante, valiente y decidido. Podemos entender la España vaciada a partir de aquellos municipios con menos de 1.000 habitantes, que son casi 5.000, el 61,5 % del total, pero sólo aglutinan al 3 % de la población del país, o mejor aún, a los que tienen menos de 500, que son casi 4.000, el 49 %, es decir, prácticamente la mitad de todos nuestros Ayuntamientos, pero que sin embargo sólo cuentan con el 1,5 % de sus habitantes.
¿Y tiene esto sentido?, pues no. Si ya no lo tiene la planta municipal española en general menos aún lo tiene la de la España vaciada. No es comprensible que para administrar al 3 % de la población hagan falta más alcaldes que para el 97 % restante, y menos aún que para el 1,5 % hagan falta tantos consistorios como para el otro 98,5 %. Y alguien me dirá que esto es lo que faltaba, quitarles los Ayuntamientos, cuando sus Alcaldes no cobran nada.
Bueno pues esto no es verdad. Según los datos del sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en los Ayuntamientos que tienen entre 500 y 1.000 habitantes se abonaron en 2017 retribuciones o asignaciones a sus miembros corporativos por importe de unos 21 millones de euros, y en los de menos de 500 habitantes, por 9,5 millones de euros.
Y lo trascendental es que en términos per cápita supusieron mayor coste que los políticos de municipios algo más grandes, como los de entre 1.000 y 2.000 habitantes. Además donde hay un Alcalde hay una Casa Consistorial que, aunque insuficiente, siempre cuenta con algún personal, muchas veces de forma intermitente, lo que no concuerda con el carácter de Administración pública de un Ayuntamiento.
Pues bien, según el ISPA de 2017, aunque para los pequeños Ayuntamientos sólo recoge los datos de los que tienen entre 1.0001 y 5.000 habitantes, resulta que en estos se abonaron unas retribuciones a su personal en torno a los 400 millones de euros, lo que suponen 88,83 euros per cápita, y sin embargo en los de la horquilla siguiente, los de entre 5.001 y 20.000 habitantes, y por tanto con muchos más técnicos que hacen que los servicios a prestar sean más adecuados y de mayor calidad, aunque abonaron unos 200 millones más tocaron a 24 euros menos por cabeza. Y a los datos expuestos quedarían aún por sumar los gastos ordinarios de la propia Casa Consistorial: luz, calefacción, teléfono, papelería, seguros, etc., etc.
Es decir, al final resulta que sale más caro tener un Ayuntamiento en la España vaciada, sin posibilidad de prestar servicios de calidad a sus vecinos, lo que conlleva su cada vez mayor despoblación, que constituir municipios más grandes, mejor dotados, con más personal técnico y con una cartera de servicios lo suficientemente atractiva como para que la gente no tenga que marcharse. Además, si estos pequeños Ayuntamientos se fusionaran con aquellos otros a cuyos habitantes les son más familiares, más cercanos, y a los que acuden regularmente a hacer la compra, realizar gestiones o, incluso, divertirse, hacer deporte o actividades de ocio, como son sus respectivas cabeceras de comarca, o de partido judicial, o simplemente aquellos algo más grandes y por tanto mejor equipados, tendrían una compensación prevista en la Ley de Régimen Local de un 10 % más en su participación en los ingresos del Estado, y un 17 % adicional si cada nuevo Ayuntamiento supera los 5.000 habitantes.
Con todo ello, entre el ahorro que se obtendría tanto en lo referido a gastos políticos, de organización y funcionamiento, como por el aumento de ingresos procedentes del Estado, tendrían a su disposición unos 90 millones de euros, como mínimo, al año. A sumar al ahorro por la aplicación de economías de escala, reducción de duplicidades intermunicipales o gestión unitaria de recursos para situaciones similares, entre otros muchos.
Haciendo esto, además de mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos y de darle una lección al resto de Ayuntamientos del país, que deberían acometer este proceso de fusiones de forma urgente si no quieren ir cayendo en esa España vaciada, dejarían sin excusas al resto de Administraciones públicas, que ante semejante paso adelante no les quedaría más remedio que arrimar el hombro y arbitrar los planes de ayuda y fomento que se reclaman y que son tan necesarios para frenar esa sangría demográfica.
