Desde hace tres años se viene produciendo en Andalucía una experiencia inédita en toda España: grandes organizaciones sociales, habitualmente incomunicadas e incluso enfrentadas, llegan a importantes acuerdo sobre los grandes temas de la política del agua.
Esta experiencia ha conducido a la constitución de la Mesa Social del Agua de Andalucía. Se trata de grandes organizaciones sindicales (CCOO, UGT), agrarias (UPA, COAG), ecologistas (Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF), de consumidores (FACUA), empresariales (AEOPAS) y ciudadanas (Fundación SAVIA, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua), que han entendido que la crisis del agua (sequías, inundaciones, deterioros ambientales, desigualdades sociales en el reparto del recurso) sólo se pueden afrontar con un cambio en las actuales políticas.
En relación con la actual propuesta de Pacto Andaluz del Agua que hace la Junta, la Mesa Social teme que, al absorber energías y desviar recursos, esa propuesta dificulte encarar los problemas reales que la política de aguas de Andalucía debe afrontar inmediatamente.
En primer lugar, afrontar de manera inmediata el comienzo de los trabajos del tercer ciclo de planificación hidrológica (2022-2027). Los Esquemas de temas importantes (ETIs) deben salir inmediatamente a información pública, porque son clave para hacer posible la participación de las organizaciones implicadas en la defensa del agua. Los planes deben ser los verdaderos pactos, con objetivos medioambientales rigurosos, medidas específicas y dotaciones económicas concretas.
En segundo lugar, la Mesa no observa avances en el cumplimiento de la normativa sobre depuración. La Junta de Andalucía asumió la obligación de ejecutar más de 300 depuradoras de interés autonómico, pero el proceso, con el anterior gobierno, ha sido lento y opaco. El último resumen de cumplimiento del acuerdo data del 31 de diciembre de 2017, fecha en la que se habían ejecutado 320 de 583 millones de euros recaudados. Desde la Mesa se señala, aunque en este tema UGT muestra discrepancias, la necesidad de planificar y optar por la gestión pública para hacer frente a este reto imprescindible para mejorar la calidad del agua, con implicaciones económicas importantes.
En tercer lugar, Andalucía es la única comunidad española que ha reconocido por ley el derecho humano al agua a las personas que carecen de recursos económicos. Ese derecho está recogido en una disposición adicional de la Ley de medidas frente al cambio climático aprobada el pasado mes de octubre. Sin embargo, el nuevo gobierno de la Junta, aún no ha dado ningún paso para llevarlo a la práctica. Desde la Mesa Social creemos que su aplicación debería ser inmediata.
En cuarto lugar, el ciclo urbano del agua requiere mayor regulación; un marco que garantice un buen y justo servicio para el ciudadano. En este mismo sentido, el borrador del Reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Andalucía elaborado en 2018 incorporó, fruto del trabajo colectivo desarrollado, importantes avances en esta materia. Desde la Mesa Social exigimos la aprobación del Reglamento, que ya es un referente de participación y pacto entre los diferentes actores que componen el ciclo urbano del agua.
La Mesa también reitera su apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales agrarias que contribuyen al equilibrio territorial, el asentamiento de la población rural y el relevo generacional, y denuncia los procesos de crecimiento abusivo y especulativo. Por último, la Mesa Social considera que la situación de deterioro del agua, la creciente demanda por el incremento de superficies de regadío y la urgencia en la adaptación al cambio climático exige abordar el reto de la transición hidrológica, que debe ser uno de los elementos claves de los mensajes y las acciones de la Junta de Andalucía.
