Un profesor se enfrenta a una petición fiscal de 13 años de prisión por abusos sexuales y acoso a una alumna de 12 años durante tres cursos, a la que presuntamente sometió a un "férreo control" a nivel social, de vestuario, además de control de lecturas y música.

El juicio está previsto que se celebre este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, según ha informado a EFE fuentes judiciales.

El acusado ejerció como profesor en un centro educativo de la provincia de Málaga y tras pedir un permiso a los padres creó un grupo de whatsapp que le permitió conocer los números de todos los alumnos de la clase de la que era tutor.

En 2014, comenzó a tener conversaciones privadas con la alumna afectada pero poco a poco el procesado descendió al plano personal, hasta el punto de sostener con ella conversaciones de índole sexual, "introduciendo a la menor en el aprendizaje de técnicas y prácticas sexuales".

Pasado un tiempo le pidió que no bajara al recreo a la hora del descanso en la jornada escolar y que se quedara con él en el aula "y así abusó de ella" y cada vez empezaron a tener encuentros más frecuentes e íntimos.

Además la recogió en su vehículo en varias ocasiones y mantuvo con la misma relaciones entre 2014 hasta 2017, año en el que también la llevó a hoteles para mantener relaciones sexuales.

Para normalizar la relación y darle más seriedad, se explica en el relato acusatorio del fiscal, le indicó cómo debía vestirse, maquillarse y peinarse para aparentar tener más edad.

La acusación pública destaca que "ejercía un control férreo de todos sus movimientos" y que le impedía cualquier tipo de actividad si no era con su conocimiento y consentimiento, "hasta el punto de no poder ella ni siquiera ducharse si no era con su aprobación".

Tampoco podía dormir hasta que el acusado la llamaba y le daba las buenas noches y le negaba salidas con amigas "e incluso sentarse con algún chico en el autobús".

Cuando la menor fue consciente del daño que esta situación le estaba ocasionando decidió romper cualquier tipo de contacto con el procesado, pero el profesor no lo aceptó y comenzó a realizarle más llamadas (según las pesquisas se han contabilizado 2.937 llamadas durante octubre de 2016 y enero de 2018 más mensajes por teléfono).

La menor ha sufrido alteraciones emocionales que le han obligado a acudir a la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, por lo que el fiscal pide que sea indemnizada con 50.000 euros por el daño moral causado.

Además de la pena de prisión, se pide la prohibición de acercarse a la menor a menos de 500 metros y de comunicar con la misma durante diez años por cualquier medio y que se le inhabilite para cualquier profesión que lleve contacto regular con menores durante once años.