El comité de huelga de los funcionarios de Justicia, integrado por representantes sindicales de CSIF, STAJ, CC OO, y UGT, ha formalizado el inicio de un procedimiento administrativo para forzar la mediación con el Ministerio de Justicia, que permita desbloquear este conflicto laboral iniciado el pasado 17 de abril, y que ha conllevado la
suspensión de más de un
millón y
medio de
juicios y 15 millones de
actuaciones judiciales aplazadas en toda España.
Los funcionarios de los cuatro cuerpos generales de Justicia pretenden así, al amparo del artículo 45.3 del Estatuto Básico del Empleado Público,
obligar a los
responsables ministeriales a
sentarse en una
mesa de
negociación para alcanzar una solución extrajudicial mediante la intervención y arbitraje de un tercero.
Mientras ello se produce, los sindicatos han llamado la atención respecto a que el próximo lunes 3 de julio las
tres asociaciones de
Letrados de la
Administración de
Justicia (
LAJ) han sido convocadas a una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo que firmó el Ministerio con su comité de huelga el pasado 28 de marzo.
En ese acuerdo se reconocían de
430 euros a
450 euros brutos al
mes por
LAJ (a los que habría que
añadir, según el Comité de Huelga de los funcionarios, los 206,87 al mes por secretario judicial del acuerdo sindical del año 2021), justificados por el papel de los LAJ en la implantación del nuevo modelo de justicia a través de las denominadas leyes de Eficiencia, que se han paralizado tras la convocatoria de elecciones generales el pasado 29 de mayo.
"Por el contrario, el comité de huelga de los funcionarios y funcionarias de Justicia sigue
sin recibir convocatoria alguna del
Ministerio de
Justicia tras dos meses de movilizaciones y más de un mes de huelga indefinida; casi dos millones de juicios suspendidos y aplazados; y cerca de 20 millones de actuaciones judiciales paralizadas", aseguran los cuatro sindicatos en un comunicado.
"MALTRADO Y DESPRECIO", DICEN
Por ello el Comité de Huelga denuncia lo que califica de "
maltrato,
desprecio y la
humillación a los que el
Gobierno está sometiendo a
45.000 empleados y
empleadas públicas de
Justicia, con su negativa a negociar mientras está en plenitud de facultades legales como Gobierno".
Durante la tarde de ayer, jueves, los funcionarios de Málaga se
manifestaron por el
centro de la
capital, haciendo oír sus
reclamaciones salariales y de reconocimiento de funciones dentro de los juzgados y tribunales. La concentración con pancartas concluyó en la plaza de la Constitución sin incidente alguno.
