Mucho cuidado con lo que copramos, sobre todo, cuando se recurre al comercio electrónico, porque en Internet, no todo lo que te ofrecen es válido o saludable. Así, la Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre como presunto autor de la venta de productos alimentarios y dietéticos fraudulentos que eran reproducciones e imitaciones no autorizadas de otras marcas.

El arrestado habría obtenido en dos años un beneficio de 300.000 euros y ahora, tras un registro domiciliario, los agentes han destapado el asunto tras la intervención miles de productos adulterados dispuestos para su venta, así como envases y etiquetas para preparar nuevas unidades, tres discos duros y dos teléfonos móviles.

Lo más grave es que los efectos intervenidos fueron remitidos a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, determinando ésta última que varios de ellos suponían un potencial riesgo para la salud pública, asimismo, que existían otros productos sospechosos de estar adulterados con sustancias con efecto farmacológico.

La investigación, realizada por agentes de Unidad Central de Ciberdelincuencia, se inició en febrero de 2023 a raíz de una denuncia en la que, los representantes legales de una empresa, informaban sobre una página web que comercializaba productos que reproducían e imitaban, de forma no autorizada, las marcas de su titularidad.

Tras analizar la cirtada página, la Policía acredtó que tenían a la venta muchos más productos, de diferentes marcas, todos ellos relacionados con la salud de las personas. Asimismo, la empresa denunciante había realizado una prueba de compra que constataba no sólo que el producto adquirido era distinto del original sino que, además, carecía de tapón de seguridad, de precinto interior y de fecha de caducidad, siendo la concentración del principio activo superior a la cantidad autorizada por la Unión Europea.

No podían comercializarse de forma legal en nuestro país

Los productos adquiridos en la prueba de compra fueron remitidos a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ésta última determinó que dichos productos no podían comercializarse de forma legal en nuestro país al no proporcionar la información alimentaria obligatoria y al no facilitar en español la que sí contenía. Además, por otra parte, se concluyó que uno de los medicamentos aportaba un principio activo en dosis que le obligarían a tener consideración de medicamento en España, por lo que no sería un suplemento alimenticio tal y como se anunciaba en la página web.

Tras el análisis de los diferentes medios de pago dispuestos en la página web investigada, los agentes evidenciaron que en un periodo aproximado de dos años se habrían realizado 4.500 envíos, lo que se traduce en unos 300.000 euros de beneficios económicos.