El exalcalde del municipio malagueño de Marbella Julián Muñoz, imputado por el llamado caso 'Saqueo II', derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999, se ha definido este jueves como el "tonto de la película" y ha denunciado que "algunos" han ido a la cárcel por "seguir las instrucciones" del también exprimer edil marbellí Jesús Gil y Gil.

   El Ministerio Fiscal pide para él una pena de 13 años y seis meses de prisión por la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado contra la Seguridad Social.

   Según Muñoz, quien se ha definido como el "tonto de la película, Jesús Gil "no necesitaba reunirse con nadie" para decidir a donde iban los fondos del Ayuntamiento y de las sociedades. Sin embargo, ha reconocido que a las reuniones del Club Financiero, "donde estaba siempre" Gil, iban todos los concejales. "Yo no le llevaba la contraria a Gil ni muerto. Gil ordenaba mandaba y dirigía. ¡Ya está bien que hayamos pasado por prisión unos cuantos por seguir las instrucciones del quien mandaba, el alcalde", ha enfatizado.

   Tras reanudarse la sesión pasadas las 17,00 horas, Julián Muñoz ha insistido en que está "total y absolutamente al margen" de la gestión de las sociedades municipales. "A mí me pusieron y en consecuencia estoy", ha declarado, para recalcar que tanto Jesús Gil y Gil como su mano derecha José Luis Sierra tenían el "control" de las sociedades. "A mí me pusieron y como tonto estuve", ha afirmado.

   Por otra parte, Julián Muñoz ha indicado que cree que "pasó por Pleno" el que los concejales iban a cobrar a través de las sociedades municipales creadas para desviar fondos del Ayuntamiento de Marbella. "Yo nunca he pensado que estuviera cobrando algo ilegal de las sociedades. He cobrado en función de lo que he trabajado. No he cobrado nada que no me hubiera ganado", ha remachado.

   En este sentido, el exprimer edil ha detallado que cobró 300.000 pesetas al mes de la sociedad Contratas 2.000 desde 1991 y hasta septiembre de 1993, momento a partir del cual comenzó a recibir una retribución de 400.000 pesetas al mes de Eventos 2.000. "Yo necesitaba un sueldo para comer. Ni era rico ni a día de hoy lo soy", ha enfatizado.

"DESCONOZCO A DÍA DE HOY TANTAS COSAS..."

    Al ser preguntado sobre el hecho de que los administradores de Eventos 2.000 asumieron, firmando Muñoz la escritura pública en 1997, una deuda que la sociedad Contratas 2.000 decía tener con la sociedad privada mediterránea de Inmuebles 47 por importe de 132.725.354 pesetas ha contestado: "Desconozco a día de hoy tantas cosas... que si las hubiera conocido antes seguramente hoy no estaría donde estoy".

   Asimismo, Julián Muñoz ha confirmado al fiscal que la empresa Carlos Iglesias Méndez Decoración "cambió el mobiliario" del Ayuntamiento de Marbella. Según el escrito de la Fiscalía, Eventos 2.000 contabilizó 50.000.000 pesetas por la adquisición de mobiliario a dicha empresa que no fue destinado al interés público, sino al despacho de Jesús Gil y Gil y al del despacho del Alcalde de Estepona, Jesús Gil Marín, hijo del anterior.

   Sobre los delitos contra la Seguridad Social que se le imputan, ha dicho que Jesús Gil argumentaba que "el Ayuntamiento recibía fondos del Estado, pues que de ellos se pagara la Seguridad Social" porque "no había fondos" en el Consistorio. Intentó hacer ese acuerdo y se lo denegaron.

   "Si no había dinero, el señor Gil que era el alcalde lo decía. Intentó negociar la deuda con la Seguridad Social", ha remachado, al tiempo que ha explicado que "no llegaban los fondos del Estado al Ayuntamiento" y que él mismo fue a "negociar" a Madrid un acuerdo con la Seguridad Social cuando fue alcalde. "Jamás a sabiendas he provocado ninguna deuda del Ayuntamiento", ha insistido.

   Finalmente, después de declarar ante los representantes del Ministerio Fiscal durante unas  tres horas, Julián Muñoz se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y no ha contestado a las preguntas planteadas por la acusación que ejerce en la causa el Ayuntamiento de Marbella, aunque sí a las del letrado de la Seguridad Social y a las defensas de otros acusados que le han querido interrogar.