La Unión de Consumidores de Málaga ha denunciado este martes el incumplimiento de la legislación vigente en materia de contratación telefónica o electrónica por parte de las compañías telefónicas, tras "la queja masiva de un gran número de usuarios", han señalado.

   En función de esta ley, tras la celebración de un contrato, el consumidor contratante dispone de un plazo de siete días hábiles para resolverlo sin penalización ni gasto alguno, según han informado en un comunicado.

   Asimismo, han explicado que dicho plazo puede ampliarse hasta los tres meses en el caso de que la empresa no haya cumplido con la obligación de remitir el contrato por escrito al cliente.

   Sin embargo, las compañías, alegando unos gastos administrativos u otros gastos ocasionados, "amenazan con el cobro de un importe", que puede oscilar entre los 170 y los 300 euros, si deciden rescindir el contrato dentro de ese plazo, "presionando así a los consumidores para que no ejerzan su derecho de resolución", han precisado.

   La Unión de Consumidores de Málaga ha informado de que esta práctica "es ilegal" y ha animado a los afectados a dirigirse a la oficina de la organización para reclamar lo ocurrido si son víctimas de esta técnica indebida.