La sentencia del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella, se dará a conocer públicamente el próximo mes de septiembre, previsiblemente en la primera quincena, según ha confirmado el magistrado José Godino, presidente del Tribunal que se encargó del enjuiciamiento de este procedimiento, con 95 acusados. La resolución cuenta con unos 4.000 folios.

   El juicio comenzó el 27 de septiembre de 2010 con las cuestiones previas y quedó visto para sentencia el 30 de julio del pasado año, después de casi 200 sesiones, en las que declararon los acusados y unos 400 testigos y peritos. El Tribunal, formado por Godino, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, ha elaborado en este año una sentencia que está casi terminada, a falta de fijar las penas, lo que se ha dejado para el final para que no haya filtraciones.

   Exalcaldes marbellíes, exconcejales, empresarios, abogados y Juan Antonio Roca, como presunto jefe de esa supuesta organización, están acusados en relación con esta denominada trama, vinculada al urbanismo en Marbella y que por primera vez en la historia de la democracia provocó la disolución de un ayuntamiento, tras la detención tan sólo el día 29 de marzo de 2006 de una veintena de personas, entre ellas, varios miembros del equipo de gobierno.

   La Sala ha trabajado este tiempo en "seguramente" una de las sentencias más extensas de las dictadas hasta ahora en España, que contará con fundamentos jurídicos genéricos, pero también concretos para cada procesado y con todas las declaraciones realizadas por los acusados desde la instrucción para facilitar posibles recursos. Así, una gran parte de la resolución estará dedicada al principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

   Aunque la resolución quedaría totalmente terminada para finales de julio, falta corregir de nuevo todo y unirlo en el ordenador, por eso, "para evitar errores", se ha decidido dejar la notificación para septiembre, a pesar de que la intención ha sido, en todo momento y hasta este mismo lunes, que se diera a conocer este mes, según ha explicado este martes el presidente de la Sala, en declaraciones a los periodistas.

   Asimismo, la sentencia tendrá un índice, algo que han pedido las partes y que también queda por realizar, porque la idea es incluir las páginas donde encontrar los distintos apartados de la sentencia y hasta que no esté acabada, todo volcado al ordenador y foliado, no se puede hacer, ha apuntado. También restan por incluir algunos aspectos concretos respecto a las responsabilidades civiles de ciertos procesados.

   Ha admitido más complicación de lo que esperaba, especialmente para resolver sobre las operaciones financieras, teniendo, además, distintas calificaciones jurídicas según las acusaciones, aunque la división en bloques ha facilitado el trabajo. Ha asegurado que se ha revisado continuamente y se está procurando dar contestación a todo lo planteado por las partes --de hecho, se dedican unos 150 folios a las cuestiones previas--.

   Además, ha señalado que el trabajo tanto del Tribunal como de los funcionarios, que han colaborado buscando documentación y pasando a ordenador la sentencia escrita a mano, ha sido de muchas horas al día. Ha expresado que le gustaría que trascendiera que "los jueces de Málaga hemos estado a la altura de las circunstancias", apuntando que "cualquiera lo hubiera hecho igual o mejor que yo, sin lugar a dudas".

   Ha dicho que se lleva una satisfacción y una experiencia "personal y profesional bastante interesante". Sobre la forma en que se notificará la sentencia, aún no está decidido si se hará una vista pública con la asistencia de todos los acusados, tras la experiencia en el caso 'Pantoja', o si se citará a los representantes legales de cada acusado.

EL PROCESO

   Tras el juicio, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación para 86 de los 95 procesados iniciales y llegó a un acuerdo con tres. Así, acusa a Roca de los delitos de blanqueo de capitales continuado, cometido en el ámbito de una organización en la que él es el "jefe de la misma"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo. Por esto, solicita en total 30 años de prisión y multa de unos 800 millones.

   Además de Roca, la sentencia se tendrá que decidir sobre si condena o absuelve a los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe; exediles como Isabel García Marcos, Tomás Reñones o Pedro Román; empresarios como José Ávila Rojas, Rafael Gómez Sánchez,'Sandokán', los responsables de Aifos o José María González de Caldas. También sobre abogados como Montserrat Corulla o los miembros del despacho Sánchez Zubizarreta.

   El ministerio fiscal, al igual que las acusaciones particulares que representaban al Ayuntamiento marbellí y la Junta de Andalucía, mantuvo que Roca amasó un patrimonio "muy importante", coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Consistorio, mientras la defensa del presunto cerebro de esta trama sostuvo que ya tenía un patrimonio previo importante y que era un empresario de éxito.

   La Fiscalía consideró que para encubrir la titularidad de sus bienes "ilícitamente obtenidos", Roca constituyó "una verdadera organización" que, "bajo su dirección, gestionaba y administraba su patrimonio". Para la defensa del principal acusado, nunca hubo ocultamiento por parte de su cliente y no existía una organización ni testaferros, sino fiduciarios y administradores "reales" de las empresas.

   Sostuvo el fiscal que Roca dirigía "totalmente el Ayuntamiento" y que aprovechó esto para negociar con empresarios, que "estuviesen dispuestos a abonarle la pertinente contrapartida económica", nuevos parámetros urbanísticos de terrenos, bajo el compromiso de incluirlos en la revisión del plan general.

   Roca admitió que pagó, pero a los portavoces del equipo de gobierno --Marisol Yagüe por el GIL, Isabel García Marcos por el PSOE y Carlos Fernández, que está fugado, por el PA-- y sólo para mantener unido este tripartito. Yagüe y García Marcos lo negaron en los careos que mantuvieron con el principal acusado, quien, además, validó parte de los archivos Maras, aunque no las identificaciones de todas las iniciales. Por ejemplo, para Roca, JM no es Julián Muñoz.

   Prácticamente todas las defensas criticaron, duramente en algunos casos, la instrucción realizada, considerando que se había producido violación de derechos fundamentales. Así, pidieron la nulidad de declaraciones judiciales, arrestos, registros, intervenciones telefónicas, resoluciones judiciales, etcétera, que se practicaron a lo largo de la investigación; algo a lo que la sentencia dedica unos 150 folios.