La Policía Nacinal ha desarticulado en Málaga a un grupo criminal dirigido por un funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Málaga, acusado de corrupción y fraude fiscal.
Han sido detenidas doce personas por su presunta implicación en delitos de cohecho, falsificación documental, contra la hacienda pública y pertenencia a grupo criminal, según ha informado la Policía mediante un comunicado de prensa.
En el marco de la operación, denominada 'Erario', los agentes han intervenido distintas propiedades valoradas en más de 201.388 euros y 122.522 euros en un total de siete registros: uno de ellos efectuado en la propia sede de Hacienda de Málaga; otros tres, en despachos profesionales de la ciudad, y cuatro más en domicilios particulares.
La Policía se ha incautado de varios ordenadores y documentos probatorios y ha bloqueado, a lo largo de la investigación y a requerimiento judicial, varias cuentas bancarias por importe total de 42.972 euros.
Los arrestados son seis hombres y seis mujeres con edades comprendidas entre los 27 y los 57 años, a los que se les acusa por su presunta implicación en delitos de pertenencia a grupo criminal.
El caso ha puesto al descubierto que estaban involucrados en el "complejo entramado delictivo" investigado un despacho de abogados y una asesoría malagueños y distintas personas físicas, además del despacho profesional del cabecilla de la trama, indica el comunicado.
A mediados del pasado marzo, se destapó la trama a partir de la denuncia de un ciudadano a quien un funcionario de la Agencia Estatal Tributaria de Málaga le había propuesto no abonar a la agencia los tributos que le correspondía pagar, en el marco de una inspección, a cambio de pagarle a él una cantidad mensual fija y otra porcentual al supuesto ahorro obtenido.
Las indagaciones realizadas permitieron acreditar que el investigado dirigía y coordinaba una organización criminal asentada en la capital malagueña e integrada por siete personas, cada una de ellas encargada de una función determinada, de acuerdo con las pesquisas.
El propio investigado es el presunto responsable de distribuir y supervisar la trama, junto a otras personas físicas y jurídicas que se beneficiaban de esta estructura criminal para evitar o disminuir el pago de tributos a Hacienda.
El investigado se valía de su puesto como funcionario público para acceder a las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde obtenía la información que posteriormente utilizaba para cometer los ilícitos.
Los investigadores también pudieron constatar que esta persona falsificó facturas y manipuló declaraciones de determinados contribuyentes, indica la nota.
Asimismo, se descubrieron las relaciones del funcionario investigado con un despacho de Madrid para expandir el negocio, llegando a abrir un despacho profesional del que formaba parte junto a otras dos personas.
