El director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y presidente en 2011 del patronato de la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (Fibic), Felipe Romera, ha declarado en el juicio por presuntas irregularidades en subvenciones a dicha entidad para construir un edificio y ha asegurado que la fundación entregó "toda la documentación" a la Junta de Andalucía para pedir la ayuda, en contra de lo que sostienen las acusaciones de que se ocultaron datos de otras subvenciones anteriores.

El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga ha comenzando este lunes la vista oral por esta causa en la que, además de a Romera, se juzga al exsecretario general de Universidades Francisco Triguero, al exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Juan Manuel Suárez Japón y tres personas vinculadas a la fundación o a la tramitación de las ayudas, solicitando el fiscal tres años de prisión y multa de 2,5 millones de euros para cada uno por un delito contra la Hacienda Pública de fraude en subvenciones.

Romera ha explicado que cuando entró en el patronato de dicha fundación su objetivo era dar "una solución con el menor desembolso posible" a la situación financiera que atravesaba la entidad, con un edificio, el del centro de investigación Cibic, "a medio construir" y una empresa que no podía seguir la ejecución, además de que la Intervención General del Estado había pedido el reintegro del importe de unas ayudas concedidas.

Así, ha explicado que la propuesta que realizó al patronato fue la de pedir una subvención excepcional, indicando en ella que parte de ese dinero iba a ser para pagar los reintegros, algo que ha señalado "es legal". Además, ha indicado que se realizaron declaraciones sobre la situación económica y sobre las ayudas que habían recibido previamente, con lo que "la Consejería tenía toda la información" entregada por la parte solicitante.

"La Fundación entrega toda la documentación y la Junta luego hace lo oportuno con esa documentación", ha indicado Romera. Sobre la acusación del fiscal de que los procesados omitieron en sus solicitudes de ayudas determinados documentos relativos a otras subvenciones para pasar el filtro de la Intervención, ha indicado que no conoce dicha omisión; "en la memoria que yo recibo está toda la documentación", ha incidido.

Romera ha indicado que su participación se debió a que era un proyecto importante para el PTA y como director de la tecnópolis tenía "la responsabilidad moral" de ayudar, apuntando que su actuación fue por "compromiso público".

El fiscal sostiene que en la primera solicitud de subvención excepcional, de 11,5 millones de euros, remitida no se hacía mención a otras ayudas para que la Intervención diera el visto bueno, lo que no ocurrió. Posteriormente, se renunció a una subvención reglada concedida en 2009, "de la que ya había percibido 2,5 millones" y se pidió otra excepcional de 15,5 millones, "volviendo a omitir" datos, que sí fue concedida.

Al respecto, el exsecretario general de Universidades del Gobierno andaluz ha asegurado que esta última subvención se revocó por lo que la fundación "no ha recibido dinero alguno" y ha afirmado que cuando se pensó en esa solución de pedir una ayuda económica excepcional para "cubrir un hueco" en la financiación del centro y retomar la actividad de la fundación "en ningún momento se pensó que podía causar daños a los intereses de la Junta".

En su declaración, Triguero ha mantenido también que "en ningún caso hubo intención de ocultar datos a la Intervención", apuntando que ésta "tenía conocimiento de las ayudas recibidas" por otras solicitudes previas en las que aparecía. Ha reconocido un interés de la administración en que saliera adelante el proyecto "pero no fuera de la ley" y ha negado que él tuviera un empeño personal fuera de derecho en ello y que influyera en los dos funcionarios acusados.

Ha remarcado que él no tramitó dicha solicitud, ya que había "miles de expedientes activos y no podía bajar al detalle de cada uno", apuntando que los funcionarios tienen funciones "plenas". Así, ha apuntado que en el caso de que éstos no hubieran remitido toda la documentación "estoy convencido de que había alguna razón conforme a derecho", indicando que si se correspondían con otros proyectos constructivos del edificio "no debían incluirse".

También ha negado que hubiera incompatibilidad por ser miembro del patronato de la fundación y ser la Secretaría General de Universidades, de la que él era responsable, la que tramitaba la solicitud.