La Fiscalía malagueña ha retirado hoy, en sus conclusiones finales, la acusación que pesaba contra el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y presidente en 2011 del patronato de la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (Fibic), Felipe Romera.

El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga inició el pasado lunes un juicio contra Romera y cinco personas más por las presuntas irregularidades en subvenciones a la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos, en concreto para un centro de innovación denominado Cibic.

El ministerio público también ha retirado la acusación al exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Juan Manuel Suárez Japón, y otras dos personas más vinculadas a la fundación o la tramitación de ayudas, por lo que todos ellos han podido abandonar la sala antes de que finalice el juicio.

En el banquillo de los acusados solo quedan dos personas, el ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología Francisco Triguero, y un funcionario de dicha secretaría general a los que le pide, a cada uno de ellos, un año de prisión y siete de inhabilitación por fraude en subvenciones y prevaricación.

Romera siempre ha mantenido su inocencia y durante su declaración ante la jueza negó haber ocultado información para conseguir ayudas para el mencionado centro de innovación ya que su única intención siempre fue "sacar adelante el proyecto".

Durante su comparecencia, Romera aseguró que, cuando llegó a la fundación, se encontró con un edificio que estaba a medio construir y que se le pidió ayuda para buscar una salida para seguir adelante con el proyecto.

Explicó que tenía interés en lograrlo porque era "una locura" dejar el edificio como estaba, así que planteó como mejor solución pedir una subvención extraordinaria de 11,5 millones de euros, ya que "era la más viable", que todo lo que hizo por compromiso público y que no cobraba nada como presidente de la fundación.

Por su parte el resto de acusados también han mantenido su inocencia y el ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, Francisco Triguero, aseguró en su declaración que todo se hizo conforme a derecho y que no tuvo ningún tipo de interés personal en que se recibieran las subvenciones.

En el relato acusatorio se detalla que la fundación se constituyó en 2007 y, con la finalidad específica de construir en unos terrenos del PTA dicho centro, recibió varias ayudas públicas tanto del Ministerio como de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía.

El ministerio público defiende que hubo fraude en las subvenciones y que se ocultó información a la Intervención para recibirlas.