La decisión del Ministerio del Interior de expulsar o trasladar a los últimos inmigrantes que quedaban en la cárcel de Archidona, dejando así vacío este centro penitenciario, ha sido celebrada por la gran mayoría de grupos políticos e instituciones que, desde el pasado mes de noviembre cuando se llevo a cabo el internamiento de los refugiados, han venido denunciando esta medida del Gobierno del PP.
“Nefasta” gestión
Así, en palabras del delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, al parecer “solo ha rectificado por la presión social, ciudadana e institucional en contra del internamiento en las mismas”. Además, Ruiz Espejo recordó que la Junta advirtió que la cárcel de Archidona “es un centro penitenciario que no contaba ni con el personal funcionario necesario para la atención de personas ni era una instalación para recluir a personas que no han cometido ningún delito”.
Igualmente, señaló que también se internó en las dependencias carcelarias a menores , que tuvieron que ser acogidos por los servicios de la Junta de Andalucía, y agradeció el papel de las organizaciones humanitarias y no gubernamentales “que han trabajado para poner fin a la situación de estas personas en la cárcel de Archidona”.
Políticas migratorias
Por su parte, la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, reclamó al Gobierno central una “política migratoria de verdad” tras el cese de uso de la prisión como CIE; una situación que espera “no se vuelva a repetir” y que sirva de “lección” para el ministro Juan Ignacio Zoido.
Así, la consejera expresó las “discrepancias” del Ejecutivo andaluz con esta actuación, por lo que ahora espera que el centro penitenciario Málaga II se abra “cuanto antes” para el uso que fue concebida y que Zoido “dé cuenta de las actuaciones que se han llevado a cabo”, en la prisión donde, según recordó, tuvo lugar el suicidio de una persona.
En esta línea, señaló que desde la Junta se solicitó que las personas que pudieran “tener algún dato” sobre el fallecimiento “no salieran de España”, pero aún así “se han hecho las devoluciones”.
Así, ahondó en que unas instalaciones penitenciarias no eran “un lugar para las personas que llegan en patera” y “arriesgan su vida para atravesar el mar” a merced de las “mafias”, por lo que espera que el Gobierno central “ponga una mirada distinta y diferente al tema de inmigración” porque Andalucía es una “tierra fronteriza” a la que “van a seguir llegando personas”.
Responsabilidades
La coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez,visitó ayer la cárcel de Archidona y aseguró que su formación pedirá responsabilidades de lo ocurrido “al lumbreras que se le ocurrió meter a cientos de inmigrantes en una prisión que no estaba habilitada para ello y donde todo ha sido un ejercicio de improvisación permanentes”.
Rodríguez incidió en que “aquel que ha diseñado este desastre es el que tiene que asumir responsabilidades políticas”, explicando que en su visita se encontró “un lugar donde no ha estado todo dentro de la normalidad y lo protocolario cuando hay manchas de sangre en la pared y en el techo”, además de “elementos rotos y mobiliario arrancado”.
Dimisiones
La portavoz adjunta de Unidos Podemos-En Comú-En Marea en el Congreso, Ione Belarra, advirtió que seguirán exigiendo responsabilidades por los sucesos ocurridos en estas instalaciones. Por ello, piden la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, así como la del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el director general de la Policía, Germán López, “por ser ellos los responsables últimos de lo ocurrido”. “Nosotros no olvidamos Archidona y vamos a seguir exigiendo responsabilidades políticas”, añadió.
