El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha confiado en que en breve se cierre la cesión de los terrenos del futuro tercer hospital de la capital y ha acusado a la oposición de PSOE y Adelante en la institución de querer retrasos en esta infraestructura sanitaria.

En una entrevista con Europa Press, Salado ha recordado que existe un protocolo de cesión de los terrenos firmado con la Junta de Andalucía y aprobado en el Pleno de la Diputación. Sin embargo, la huella de suelo que finalmente se ha estimado necesaria para el tercer hospital es mayor --hasta alcanzar un total de 85.000 metros cuadrados-- lo que ha llevado a modificar las previsiones iniciales con respecto al centro Guadalmedina, que será cerrado y cuyos usuarios están siendo trasladados al centro San Juan de Dios, dependiente de la Junta de Andalucía y ubicado en la capital.

Ha explicado que para el tercer hospital se necesita más espacio y por eso se solicitó desde el Gobierno de Andalucía contar con el centro Guadalmedina, "que al principio no afectaba a la cesión pero ahora sí y hasta que no se produzca ese traslado de estas personas no podremos ceder toda la pastilla que es necesaria", ha aclarado.

Así, se ha retrasado el expediente de cesión, que tendrá que ir a pleno: "Cuando una administración cede unos terrenos tiene que hacerlo libre de cargas y gravámenes; si tú cedes un espacio con un centro no te lo admitiría Patrimonio de la Junta y por eso estamos en ese proceso".

En este punto ha lamentado las críticas de la oposición, "que no está ahí por los intereses de los usuarios, que van a seguir teniendo sus derechos de atención y más servicios que en el centro Guadalmedina". Además, ha asegurado que los trabajadores "serán recolocados".

"ES UNA IRRESPONSABILIDAD QUE USEN A ESTAS PERSONAS"

Pese a ello, ha acusado a la oposición de seguir "en esa mentira de que vamos a dejar en la cuneta a trabajadores y usuarios". "Están en esa lucha no de defender a los usuarios sino de retrasar la construcción del tercer hospital. Es una temeridad, una irresponsabilidad, que usen a esas personas y a esas familias", ha enfatizado.

Según el presidente provincial, las familias de los usuarios "cada vez lo ven más cuando van a visitar el nuevo centro, están contentos porque son mejores instalaciones y todos lo están entendiendo y firmando el traslado voluntario".

Cuando esté libre de carga la parcela se llevará a pleno para formalizar la cesión definitiva a la Junta de Andalucía. Así, ha incidido en que se quiere llegar al consenso con cada familia para ese traslado voluntario de los usuarios: "Vemos que es lo mejor para ellos".

Ha recordado que la Diputación ha venido prestando ese servicio a estos usuarios de manera voluntaria: "No es competencia nuestra sino de la Junta de Andalucía y por fin conseguimos el objetivo de corporaciones anteriores, del PSOE también, de que cada administración se quede con sus competencias".

En este proceso ha admitido que se ha producido también un retraso en los traslados por el "falso positivo" de un usuario, "que no llegó a ser positivo pese a la denuncia de la oposición". "Era un falso positivo, se le han hecho dos análisis y pese a ello se ha guardado la cuarentena, que terminó este viernes. Más garantistas no podemos ser", ha puntualizado.

Cuestionado también por las acusaciones de la oposición sobre el cierre de residencias de la provincia y de otros servicios, Salado ha reiterado que la Diputación ha estado prestando servicios "que no son de su competencia".

No obstante, respecto a la residencia de San Carlos de Archidona (Málaga), donde la Diputación acometió obras de mejora y que continúa cerrada, Salado ha indicado que se concertaron con la Junta de Andalucía 20 plazas, "algo que no consiguió el PSOE". "Con la Junta socialista no se concertaba nada y por fin lo hemos conseguido porque hay una sensibilidad distinta en la Junta de Andalucía", ha expuesto.

Al respecto, ha añadido que se pondrá en marcha para atender a las personas que lo necesiten y que el expediente de concesión de la gestión de esta residencia se paralizó debido a la pandemia del COVID-19. Según Salado, se está trabajando ya en el pliego de condiciones para sacar a concurso la citada gestión a un concesionario del servicio. "Cada administración tiene que tener sus competencias", ha finalizado.