El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha citado el ejemplo de la alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz, como caso "paradigmático" del enriquecimiento ilícito de cargos, un asunto sobre el que su partido y el PSOE piden que se cree un nuevo tipo penal.
Echenique, ha explicado este viernes la enmienda a la reforma del Código Penal para que se introduzca ese nuevo delito y ha puesto como ejemplo la situación de la alcaldesa de la ciudad malagueña porque se trata de un "cargo público que durante el ejercicio de su cargo ha aumentado de manera cuantiosa" su patrimonio y no lo ha explicado.
"Pensamos que eso tiene que ser un delito para que se pueda luchar mejor contra la corrupción en nuestro país", ha añadido Echenique, quien sostiene que "en ningún caso se puede producir un enriquecimiento personal desmedido" de un cargo público "sin que haya explicación de dónde proviene ese dinero".
El grupo socialista y Unidas Podemos han presentado una enmienda a la proposición de ley de reforma del Código Penal por la que se introduce un nuevo tipo penal para castigar con hasta 3 años de cárcel a los cargos públicos cuyo patrimonio aumente en más de 250.000 euros sin que puedan justificarlo.
Esta enmienda plantea que las autoridades públicas estén obligadas a justificar ese enriquecimiento durante cinco años tras dejar el cargo, según han indicado a Efe fuentes socialistas, y contempla penas de prisión de seis meses a tres años, de inhabilitación de entre 2 a 7 años, y multas de hasta tres veces lo enriquecido ilícitamente.
Se trata de la respuesta de los partidos del Ejecutivo a la reforma del delito de malversación impulsada por ERC, y busca, según han explicado este viernes desde el PSOE y Unidas Podemos, reforzar la lucha contra la corrupción y tiene que ver con la regeneración democrática.
Porque, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, actualmente si un cargo público tiene un "enriquecimiento patrimonial desproporcionado" una vez finalizado su mandato, "no pasa nada", pero con la enmienda, aquellos que incrementen su patrimonio o cancelen sus deudas por encima de 250.000 euros de sus ingresos actuales, durante el ejercicio de cargo y hasta cinco años después de abandonarlo, tendrán la obligación de justificarlo.
En opinión del portavoz socialista, con este cambio legal "España se situará entre los países más avanzados en esta materia, como Francia, Portugal o Luxemburgo".
Para Unidas Podemos, es importante diferenciar entre quienes "meten el dinero en la caja" para lucrarse, y otras conductas que podrían acercarse más a una "administración desleal de fondos públicos", según ha indicado el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens.
El primer supuesto, ha señalado Asens, se tiene que "perseguir de forma contundente" y "se tiene que abordar en el Código Penal de forma diferenciada".
