La Sección Primera de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar este lunes, 17 de diciembre, al exalcalde marbellí Julián Muñoz y otros 16 acusados, la mayoría de ellos con alguna responsabilidad municipal, por contratar obras y servicios de forma supuestamente irregular, sin seguir los requisitos administrativos exigidos, con varias empresas. Se pide que se indemnice al Ayuntamiento con 2,25 millones.

Así consta en las conclusiones iniciales presentadas por el ministerio fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que se acusa a Muñoz de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación, solicitando la pena de once años de prisión y 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El fiscal sostiene que en los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) “se maquinó un procedimiento de huida del derecho administrativo tanto en la esfera de la organización municipal como en la de las contrataciones públicas”, a través de un entramado de sociedades municipales al frente de las que se colocaba a una persona designada directamente para seguir las instrucciones del alcalde.

La acusación señala que el entramado empresarial se modificó a partir del año 2000 con la creación de dos sociedades “instrumentales”, una para la gestión de obras y suministros y otra de personal, las cuales se hicieron “como un artificio societario sin justificación alguna” para dar “plena opacidad a la actividad municipal” y “justificar la elusión de la ley administrativa”.

El ministerio público considera que Julián Muñoz, en su condición de alcalde accidental y concejal de obras, llegó a un acuerdo con el principal empresario acusado para la adjudicación directa y ejecución de obras y servicios municipales “en claro perjuicio para los intereses patrimoniales del municipio de Marbella”.

Al respecto, señala que con este objetivo, los entonces miembros de la corporación municipal “crearon deliberadamente una situación jurídica-fáctica adecuada y eficaz para lograr un apoderamiento de capitales municipales”, dice la Fiscalía. Las contrataciones se refieren a las obras de un centro cívico, cuyo proyecto se aprobó en 2000, y a la elaboración de un inventario de bienes municipales.

En el caso de la obra, no hubo licitación previa y se adjudicó directamente a una empresa, que en 2002 renunció al contrato sin terminar las actuaciones. Según el fiscal, el Ayuntamiento pagó a esa sociedad 1,1 millones, mientras que el importe de lo realmente realizado fue de 482.635 euros, “por lo que el apoderamiento ilegal realizado en la ejecución de esta obra fue de 617.593 euros”.

En cuanto al inventario de bienes, se dio a la misma sociedad la valoración de obras realizadas entre 1991 y 1999, lo que se hizo “por orden” de Muñoz “sin publicidad y sin que el órgano competente fijara el objeto del contrato ni su precio”. Los trabajos se encargaron a otra empresa, que simuló la realización de tasaciones “que en nada respondían ni a lo contratado ni a los importes facturados”. La cantidad abonada fue de 1,6 millones de euros.

Además, el fiscal acusa a tres miembros de los consejos de administración de las dos sociedades municipales que se encargaban de estas contrataciones, a siete exediles que formaban la comisión de gobierno y al entonces interventor municipal.

El ministerio público exige que Muñoz y los representantes de las sociedades municipales y empresas paguen al Ayuntamiento 2,25 millones.