El Gobierno de Japón reafirmó este martes su voluntad de continuar aplicando sanciones sobre Rusia en coordinación con el G7, cuando se van a cumplir seis meses del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

El primer ministro nipón, Fumio Kishida, trasladó a su Gabinete de Gobierno su voluntad de seguir con las medidas de presión sobre Moscú en una reunión celebrada este martes, y en la que participaron algunos de los nuevos ministros nombrados en su reciente remodelación de Gabinete.

El portavoz del Ejecutivo, Hirokazu Matsuno, afirmó hoy en una rueda de prensa que la reunión fue una ocasión para analizar la situación de la guerra en Ucrania y las medidas que aplica Japón en coordinación con la comunidad internacional.

El nuevo ministro de Defensa de Japón, Yasukazu Hamada, uno de los nombramientos dentro de la remodelación del Gobierno del pasado día 10, subrayó hoy que la guerra de Ucrania "muestra que podría haber otros intentos de cambios del statu quo por la fuerza en la región del Indopacífico", en declaraciones a los medios.

El ministro de Asuntos Exteriores, Yoshimasa Hayashi, destacó por su parte que desde su cartera Japón continuará dando "respuestas diplomáticas" a la invasión lanzada con Rusia, y al mismo tiempo trabajando por garantizar la seguridad del pueblo y el territorio nipón en colaboración con sus aliados.

El primer ministro nipón también pidió a los miembros de su gabinete que continúen con los esfuerzos para mitigar el impacto creciente sobre consumidores y empresas del encarecimiento de la energía y otras materias primas derivado de la guerra de Ucrania.

El Ejecutivo de Kishida aprobó el pasado abril un paquete multimillonario de medidas destinadas a compensar la "inflación importada", y que sirve para financiar iniciativas concretas como subvenciones a la gasolina.

Rusia comenzó el pasado 24 de febrero la invasión de Ucrania, denominada "operación especial" por el Kremlin, y Japón siguió los pasos del G7 y la Unión Europea a la hora de aplicar sanciones a Moscú como la congelación de activos del presidente Vladímir Putin o la exclusión de los principales bancos rusos del sistema internacional de transacciones SWIFT.