El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, cree que una denuncia falsa provocó su imputación en la operación "Mar Blau", sobre supuesta corrupción entre los funcionarios de puertos de Baleares, según fuentes próximas al empresario.

Díaz Ferrán ha declarado hoy en una comisaría de la policía en Madrid sobre esta operación, en la que según las mismas fuentes ha dado este argumento para justificar su imputación en el caso, aunque desconoce quién pudo poner esa denuncia que considera falsa, y por tanto, contra quién podría presentar una querella por daños y perjuicios.

El presidente de la patronal "no ha cometido ninguna ilegalidad y quedará demostrado que se trata de una denuncia falsa", aseguraron a Efe las mismas fuentes, que señalaron que Díaz Ferrán espera haberlo aclarado durante su declaración ante la Policía.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Baleares explicaron a Efe que Díaz Ferrán fue localizado anoche para entregarle personalmente la citación para que hoy fuese a declarar ante la policía.

Díaz Ferrán ha declarado como responsable de la empresa Trapsayates, beneficiaria de una concesión que está siendo investigada en este caso.

El ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares Joan Verger (PP) ha declarado también en Palma dentro de la investigación de la "operación Mar Blau".

Verger, que fue presidente de los puertos de Baleares de 2000 a 2007 y presidente del PP balear entre 1984 y 1986, ha acudido a la Jefatura Superior de Policía de Baleares acompañado de su abogado José Zaforteza y a las 11:30 todavía permanecía en el edificio policial.

Durante la jornada de ayer declararon en el caso como imputados el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Francesc Triay (PSOE) y el director de la institución, Ángel Matías, así como tres directivos de Trapsa.

En la "operación Mar Blau", que instruye desde hace dos años el juzgado de instrucción 8 de Palma, se investiga, entre otras irregularidades, un supuesto amaño en la adjudicación de dos concursos por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares en Mahón y en Ibiza.

El miércoles la policía registró la sede de la APB en Palma y las oficinas de la empresa Trapsa, adjudicataria de los concursos y propiedad de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, en el puerto de Mahón y en Palma, así como el domicilio en la capital balear de un empleado de la sociedad.