El Estado asumirá el coste de la moratoria del pago del 50% de los préstamos hipotecarios que se va a conceder a desempleados y autónomos, y compartirá con los bancos el riesgo de morosidad que pueda haber en estas operaciones.
El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al cuarto bloque de medidas aprobado en esta legislatura para afrontar la crisis, que estudiará de forma urgente el Consejo de Estado la próxima semana y que se aprobarán definitivamente en la reunión del Ejecutivo del viernes que viene.
De las ocho medidas anunciadas el lunes por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a seis, ya que las otras dos se aprobarán en el marco del diálogo social.
Una de las medidas más relevantes, la de la moratoria hipotecaria, se llevará a cabo mediante un acuerdo “con dos patas”, según explicó en la rueda de prensa posterior el ministro de Economía, Pedro Solbes.
Por una parte, se exigirá un acuerdo entre interesado y entidad, mediante un documento privado que no tendrá ni costes registrales ni notariales. Por otra, el ICO deberá concertar los correspondientes convenios con las entidades, que por tanto no asumirán ningún coste por sumarse a la medida, en los que se determinarán las condiciones financieras y las garantías de dichas operaciones. El coste lo asumirá el ICO mediante la concesión de créditos a las entidades que de forma voluntaria se sumen a la medida, según explicaron a Efe fuentes del Ministerio de Economía.
Las condiciones de los créditos concedidos a las entidades se negociarán en cada convenio, pero se intentará que el coste financiero sea el mínimo posible.
El límite del aplazamiento del pago de la hipoteca será de 500 euros al mes (12.000 euros en total), y las cantidades demoradas deberán devolverse desde enero de 2011 en un máximo de diez años, prorrateadas en las mensualidades del crédito.
En el caso de que finalmente no se pague la hipoteca, el riesgo lo asumirán a medias el Gobierno y las entidades “de acuerdo a los términos establecidos”, explicó Solbes, quien en cualquier caso recordó que los préstamos de vivienda son los últimos que, por lo general, dejan de pagar los ciudadanos con dificultades.
Solbes aclaró además que esta medida se ha negociado “permanentemente” con las entidades, a través de sus patronales, y que la predisposición para adoptar la iniciativa es “total”.
La moratoria de las hipotecas podrán solicitarla trabajadores que queden desempleados antes del 1 de enero de 2010, autónomos que hayan cerrado su negocio o que acrediten ingresos anuales inferiores a 18.900 euros, así como los que hayan pasado a ser pensionistas de viudedad.
Sólo podrán pedir la moratoria quienes tengan suscrita una hipoteca antes del 1 de septiembre de 2008 con un importe inicial inferior a los 170.000 euros.
El Consejo también vio ayer la ampliación del plazo para materializar el saldo de la cuenta de ahorro vivienda, dos años más, una medida que según Solbes beneficiará a 180.000 personas. Durante esos dos años, se podrán seguir haciendo aportaciones pero ya sin desgravaciones fiscales.
El Gobierno también ayudará a soportar mejor el pago de la hipoteca con el adelanto de retenciones en cada nómina de los beneficios fiscales del préstamo de vivienda. Para explicar esta medida, Solbes dio un ejemplo: para un trabajador con un hijo e ingresos anuales de 25.000 euros, la retención en su nómina se reduciría de un 13,4% a un 11,4%, es decir, que sus ingresos se incrementarían en 500 euros anuales.
También se ampliará en dos años, hasta cuatro, el plazo a efectos fiscales que tienen quienes se han comprado una nueva vivienda habitual para que vendan la anterior. Las personas que hayan adquirido una vivienda habitual en 2006, 2007 y 2008 y pensaran financiarla, en parte, con la venta de su vivienda habitual anterior, podrán acogerse a esta medida.
En cuanto a las medidas de fomento del empleo, el Consejo dio el visto bueno a la bonificación de 1.500 euros, así como al aumento de la capitalización de la prestación por desempleo, hasta el 60% del total, a los trabajadores que quieran hacerse autónomos.
En la rueda de prensa, Solbes confirmó que el Ejecutivo estudia nuevas medidas para ayudar a la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA
El Consejo de Ministros aprobó también ayer la creación de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre el Suelo, que deberá buscar suelo público para destinarlo a la construcción de vivienda protegida.
Este organismo se dedicará a buscar suelo patrimonio del Estado que no esté destinado a servicios públicos para que pueda utilizarse en la construcción de viviendas protegidas, y recopilará la información de los distintos ministerios sobre los terrenos que haya disponibles.
La Comisión promoverá también la colaboración entre las distintas administraciones públicas para dinamizar este uso del suelo público y hará un seguimiento de los proyectos urbanísticos que surjan de esta iniciativa.
La Comisión Interministerial estará presidida por el titular de la Secretaría General de Política Económica y Economía Internacional.
La vicepresidencia la ocupará el titular de la Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Vivienda, y completarán la comisión vocales de los Ministerios de Defensa, Economía y Hacienda, Interior, Fomento, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Vivienda.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo entre Vivienda y Defensa por el que se enajenará el suelo de cuatro cuarteles que se dedicará a la construcción de 1.922 viviendas protegidas. Según este acuerdo, la Entidad Pública Empresarial de Suelo adquirirá a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa terrenos.
