Marruecos tiene actualmente 875 reclusos de ideología islamista, según la Coordinadora de presos islamistas, y un número similar de correligionarios que hacen la yihad, casi todos en Siria e Irak, según datos oficiales.
Tras los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003, en los que varios kamikazes mataron a 41 personas en unos ataques de signo antioccidental y antijudío, se produjo una oleada de detenciones masivas en medios islamistas, de los que hay un centenar todavía preso, según la Coordinadora.
Pero la mayoría han sido encarcelados en los últimos tres años, tras las sucesivas desarticulaciones de comandos "yihadistas" por parte de la policía marroquí en todo el territorio, particularmente en la región entre Tánger, Ceuta y Tetuán, en el norte del país.
Todos los detenidos son acusados sistemáticamente de "formación de asociación de malhechores con un programa de desestabilización del Estado" y si bien su detención tiene lugar a bombo y platillo, los juicios y condenas posteriores no reciben atención mediática.
Los juicios suelen ser expeditivos y "sin garantías jurídicas", denuncia Mohamed Zahari, presidente de la Liga Marroquí de Derechos Humanos, que lamenta la "propaganda" consistente en mostrar a los procesados como enemigos de la nación y el Estado.
Según Zahari, es tal el flujo de información oficial que presenta al islamista como terrorista y que recuerda el riesgo que se cierne sobre comisarías, embajadas y hoteles, que una buena parte de la población está "en estado de shock" y es proclive a disculpar los abusos que sufren estos presos en cárceles o comisarías.
Para el abogado Jalil Idrisi, especializado en defender a presos islamistas, "un 70 % de ellos no ha cometido delitos, aparte de decir su opinión", y relató a Efe cómo los jueces, para buscar pruebas inculpatorias, preguntan a los detenidos qué piensan sobre la corrupción o la guerra en Siria, siendo opiniones que compartiría la casi totalidad de marroquíes.
En realidad -lamenta Idrisi- un 95 % de las condenas se basan exclusivamente en el informe del interrogatorio policial, sin ninguna prueba, y esos informes son sistemáticamente firmados por los presos sin posibilidad de leer su contenido.
El abogado descarta que la policía use la tortura para lograr confesiones, pero sí dice que recurre con gran frecuencia a la manipulación psicológica del detenido islamista, al que le pide que firme una confesión que en realidad no ha hecho y que luego le resulta imposible negar ante el juez.
El sistemático recurso de los jueces marroquíes a usar los interrogatorios policiales como prueba condenatoria ha sido criticado repetidamente por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que lo consideran uno de los principales atropellos a los derechos en el país.
Idrisi se pregunta cuál es el interés de la policía marroquí de "inflar" los informes policiales y cuál el de los jueces de condenar a estos jóvenes sin ordenar nunca la aportación de una prueba.
Pero el principal problema -subraya el abogado- reside en el hecho de que a los presos islamistas no se les ofrece ninguna posibilidad de reinserción social cuando salen a la calle, y sus posibilidades de conseguir un trabajo son casi nulas.
Uno de sus defendidos, tras purgar su pena, fue contratado en una mezquita para recitar el Corán, pero los servicios de espionaje se presentaron en el lugar, que amenazaron con cerrar si seguían contando con un "terrorista", relata el abogado.
"Cumplen su pena y, al salir de la cárcel, cumplen una nueva pena, la de la exclusión social; si no encuentran su lugar en la sociedad, terminan buscándolo en otra parte", dice, al asegurar que esta es la razón de que muchos islamistas excarcelados terminen marchándose a Siria o Irak.
En efecto, una gran parte de los integrantes de células desarticuladas o de los que se han marchado a la yihad en Siria son expresos que no encontraron un futuro. "En lugar de luchar contra el terrorismo, ¿no estaremos fabricando terroristas?", se pregunta Idrisi
