El Govern balear aprobó ayer que la comunidad autónoma se persone en las diligencias previas del caso Palma Arena como parte perjudicada, según anunció la portavoz del ejecutivo, Joana Barceló, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la comunidad.

Esta decisión fue tomada después de que la abogacía de la comunidad “examinara todos los documentos” y una vez que se ha levantado el secreto de sumario sobre la instrucción del caso, que investiga una presunta trama de corrupción en la construcción del velódromo durante la pasada legislatura del PP.

El Gobierno autonómico ha tenido en cuenta en esta decisión que la comunidad autónoma es la que ha de asumir el coste de construcción del pabellón hasta 2026.