La confesión de Félix Millet de que se habría apropiado de al menos 3,3 millones de euros del Palau de la Música de Barcelona ha hecho aflorar la “vergüenza” de los políticos catalanes y la indignación de los grandes y pequeños patronos de la Fundación.

Poco después del registro de los Mossos en julio, por orden del juez, en el que se incautaron de numerosa documentación que los peritos judiciales aún estudian, Félix Millet dejó la presidencia de Agrupació Mútua y dimitió como presidente y consejero del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpime).

El ayuntamiento de Barcelona paró la entrega de la Medalla de la Ciudad a Félix Millet poco antes de conocerse la intervención judicial, mientras el PSC le exige ahora que renuncie a la Cruz de Sant Jordi, que le otorgó el gobierno catalán.

Millet se desvinculó anteayer del Patronato de la Fundación del FC Barcelona, de la que ocupaba una vicepresidencia no remunerada, tras conocerse su confesión.

Félix Millet remitió una carta el pasado miércoles al juez instructor de la causa, reconociendo que había realizado gastos privados a cargo de los fondos del Palau de la Música por 1,8 millones y que vendió un inmueble de su propiedad a esta entidad de forma irregular.

Los políticos catalanes han reaccionado en cadena con indignación y vergüenza al conocer los hechos que han reconocido Millet y su mano derecha, Jordi Montull, un mes y medio después de conocerse las presuntas irregularidades por el registro del Palau de la Música ordenadas por el juez a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos.

El mes de agosto, durante el que la gripe A y la prostitución en las calles de Barcelona ha dominado la actualidad informativa en la ciudad condal, dio paso a un mes de septiembre en el que la estrategia de los abogados de Millet de que confesar determinadas irregularidades en el Palau de la Música ha hecho cambiar el paso de políticos e instituciones, que se han visto en la obligación de pronunciarse.

El conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, realizó ayer unas primeras declaraciones sobre este tema, en las que consideró que el caso demuestra que los mecanismos de control del Palau de la Música “no han actuado con eficacia”.