La dirección del PP valenciano organizó una financiación ilegal del partido a través de la empresa Orange Market, según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía que hoy publican los diarios "El País" y "El Mundo".

Este informe fue rechazado en su día por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que archivó la causa contra el presidente de esta comunidad, Francisco Camps, por un supuesto delito de "cohecho impropio" en el caso Gürtel.

La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.

Según la Policía, el vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular.

Estos cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat.

El informe policial revela la existencia de una facturación doble de Orange Market al PP valenciano, que era conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y por toda la cúpula del partido.

Así, la contabilidad de Orange Market -la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'-, ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra "en negro".

La denominada "caja A" aparece denominada como "Alicante" y la "B" como 'Barcelona'.

"En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana", dice textualmente el informe que publica "El Mundo".

En los pagos "en dinero B" por actos del PP, la Policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".