El abogado ecuatoriano de Julian Assange, Carlos Poveda, reveló este jueves que sospechan que unos 90.000 documentos, entre textos, fotografías, vídeos, conversaciones de Whatsapp y correos electrónicos, fueron interceptados en la Embajada de Ecuador en Londres en años recientes.

"Se sospecha que son más o menos 90.000 documentos, porque el registro y monitoreo eran diarios", explicó a Efe el miembro del equipo de la defensa legal del fundador de WikiLeaks al referirse a una trama de presunto espionaje del Estado ecuatoriano a Assange.

El pasado lunes el letrado presentó en nombre de su defendido una denuncia ante la Fiscalía General de Ecuador contra varios miembros de la misión diplomática del país andino en la que estuvo asilado desde 2012 hasta el pasado 11 de abril.

Assange responsabiliza a los diplomáticos de un presunto espionaje que ha devenido en un caso de supuesta extorsión en el que estarían involucrados cuatro ciudadanos españoles y que ha sido denunciado de forma paralela ante la Audiencia Nacional en Madrid.

"Los registros se suponía que debían ser destruidos pero fueron difundidos y luego exhibidos y se solicitó un pago", añadió Poveda, al precisar las sospechas de que el material documental fue extraído por funcionarios de la legación diplomática.

En el escrito presentado por Poveda aparecen, entre otros, el embajador de Ecuador en Londres, Jaime Alberto Marchán; su primer y segundo secretarios, y el director de la empresa ecuatoriana Promsecurity, encargada de la vigilancia de Assange en la sede diplomática, Juan Diego Hernández.

También figuran los nombres de José Martín Santos, un periodista de Alicante que había sido condenado previamente por un delito de estafa, y otros tres españoles presumiblemente oriundos de la misma región y que tenían conocimientos informáticos y ofertaron la información sobre Assange a cambio de 3 millones de euros, e identificados como "Rafael", "David" y "Vincent".

Estos individuos presuntos responsables de un delito de extorsión, figuran en una denuncia paralela presentada ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, por el exmagistrado Baltasar Garzón, defensor del activista australiano.

En el documento que presentó Poveda ante la Fiscalía ecuatoriana se describe cómo el grupo español habría contactado a finales de marzo de este año mediante correo electrónico con el editor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, para poner en su conocimiento la existencia de la ingente cantidad de documentos.

"Señalan una fecha para la entrevista y lo hacen en Madrid en una cafetería. Ellos le dicen que tienen información de Julian Assange al interior de la Embajada y le llevan un ordenador portátil", aclaró Poveda.

De hecho, en la denuncia figura que uno de los involucrados mediante asistencia remota procede a abrir varios de los documentos, a modo de "píldoras" para que el directivo de WikiLeaks conociera sobre su existencia.

Los sospechosos amenazaron con ir filtrando información si no se pagaba la cantidad referida, que llegaron a rebajar a 1,5 millones de euros, y explicaron que medios de comunicación así como políticos ecuatorianos estarían interesados en adquirir el material, de acuerdo al abogado.

Indicó que en Youtube "se promocionó esta información como un adelanto de lo que podía suceder" y sugirió que dos vídeos difundidos por un medio español en los que se aprecia a Assange en monopatín y en un supuesto rifirrafe con agentes británicos durante una celebración navideña (por un árbol de Navidad que aparece en la grabación), podrían haber correspondido "a esos adelantos".

Entre el listado de información clasificada en anexos, documentos, carpetas y dossieres, los supuestos extorsionadores mencionaron que existían vídeos de contenido sexual, señaló.

Para realizar esa labor de espionaje en la sede diplomática, abundó el defensor, se requería de un sistema tecnológico que incluiría cámaras, micrófonos y la propia intervención de personal para la toma de fotografías.

Y entre otros documentos, apunta el caso del registro fotográfico de uno sobre la estrategia legal que había elaborado el abogado español Aitor Martínez, que habría sido interceptada durante un receso en la Embajada en una audiencia sobre una acción de protección en la que Assange intervino en diciembre pasado mediante videoconferencia.