El comité ejecutivo de CDC suspenderá temporalmente de militancia mañana lunes a los dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, que se encuentran en prisión por su supuesta vinculación con una trama de corrupción urbanística.

El portavoz del grupo de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, fue el encargado de informar ayer en rueda de prensa de la decisión que ha tomado CDC después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretara anteanoche la prisión para el ex conseller de Economía, Macià Alavedra, y el ex secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta.

Hasta ahora, CDC se había opuesto a tomar medidas respecto a la militancia de estos ex altos cargos hasta conocer la decisión del juez Garzón y se había limitado a esperar que fueran Alavedra y Prenafeta los que presentaran por iniciativa propia su baja para evitar cualquier perjuicio para el partido.

Oriol Pujol ha asegurado que la condición de militantes de los imputados “entorpece” y otorga un “excesivo grado de notoriedad” al caso, por lo que CDC cree que “su inocencia será mejor defendida y demostrada” fuera del partido.

El dirigente convergente ha subrayado que, pese a que “algunos pretendan involucrar” al partido, CiU “no forma parte de esta supuesta trama política” porque las supuestas irregularidades en las que habrían incurrido Alavedra y Prenafeta pertenecen al “ámbito de su vida privada”.

En este sentido, ha recordado que Alavedra y Prenafeta hace 12 y 19 años, respectivamente, que no tienen ninguna responsabilidad política.

Oriol Pujol ha pedido “celeridad y eficacia” a la Justicia en la resolución del caso.

La dirección del PSC ya anunció la noche del viernes que el lunes suspenderá de militancia al alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, al concejal Manuel Dobarco y al director de servicios Pasqual Vela, y les pedirá que renuncien a sus cargos tras quedar imputados por el caso Pretoria.

Según el auto del juez Garzón, Lluís Prenafeta habría percibido al menos 637.590 euros de las operaciones Niesma y Badalona, mientras que Alavedra habría blanqueado la misma cantidad fuera de España –sólo entre mayo y junio de este año podía haber blanqueado 300.000 euros– para luego volverla a introducir en el país por intermediar en esos mismos proyectos.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la consellería de Justicia han criticado que los detenidos en la operación Pretoria fueran este viernes expuestos esposados ante los periodistas en las puertas de la Audiencia Nacional y han exigido que se respete su “derecho a la dignidad”.

Los ocho detenidos en Cataluña en la operación Pretoria accedieron a la Audiencia Nacional por su propio pie, esposados, con una gran bolsa de plástico azul con sus pertenencias y a la vista de los periodistas, ya que, de forma inusual, el vehículo policial no accedió al interior del edificio y les dejó a las puertas.