La junta militar procesa en una semana a 160 médicos por hacer huelga en Birmania

La junta militar birmana ha abierto procesos judiciales contra 160 médicos en la última semana, acusados de negarse a trabajar como forma de protesta contra el golpe de Estado perpetrado por los uniformados el pasado 1 de febrero.

El personal sanitario fue el que impulsó en los primeros días tras el golpe las huelgas contra la junta militar, a las que se han unido trabajadores de toda la Administración y el sector privado, lo que ha conseguido paralizar el país y poner en jaque a los uniformados.

Los militares comenzaron el pasado martes una batalla legal contra los médicos en huelga al anunciar el procesamiento de 19 profesionales, incluido un directivo del Ministerio de Salud, por animar a otros trabajadores a dejar de prestar servicios como oposición a la junta.

Desde entonces y hasta este miércoles, el número de médicos acusados ha aumentado hasta 160, según los datos del movimiento de desobediencia civil, que cree en los próximos días seguirá aumentando la lista, en la que figuran supervisores médicos, doctores especialistas y asistentes que han estado de huelga en hospitales públicos de grandes ciudades como Rangún y Mandalay.

El régimen acusa al personal médico de violar el artículo 505 (b) del Código Penal, que castiga acciones que propaguen el miedo, la difusión de noticias falsas o que inciten a alguien directa o indirectamente a una ofensa criminal contra un empleado gubernamental.

De ser declarados culpables, estos trabajadores sanitarios se enfrentarían a penas de hasta tres años de prisión.

Según fuentes del movimiento de huelga de las batas blancas, 6.000 médicos han dejado de trabajar, lo que supone un 60 por ciento de los que están empleados en la sanidad pública. "Calculamos que dos tercios de los hospitales del país están completamente cerrados", señalaron a Efe.

Por otra parte, la Cruz Roja denunció a principios de mes que trabajadores de su organización en Birmania han sido arrestados e intimidados y han sufrido lesiones mientras prestaban sus servicios a manifestantes heridos por la represión de las fuerzas de seguridad.

Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania (AAPP), al menos 739 personas han muerto por la represión de la junta militar y 3.331 están bajo arresto y se han emitido órdenes de detención contra otras 1.059.

Los militares justifican el golpe de Estado por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre, en las que ganó con una enorme ventaja el partido de encabezado por Aung San Suu Kyi, como ya hizo en 2015, con el aval de los observadores internacionales.