Para hacerse una idea de la mastodóntica dimensión de la sanidad pública en nuestra región basta con una simple comparación. Las 25 firmas de mayor tamaño radicadas en Cádiz dan trabajo a 10.004 personas, según los datos de la consultora Iberinform. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuenta en la provincia, de acuerdo a las cifras facilitadas por el Gobierno autonómico, con 15.434 profesionales. Es, con 100.000 empleados en el conjunto de la comunidad, la empresa más grande de España, pese a que la crisis económica ha reducido la plantilla en unos 7.000 efectivos. El funcionamiento de esta enorme maquinaria requiere recursos económicos y buena mano en la gestión. Y han fallado tradicionalmente una cosa y la otra.
En materia económica, el sistema estuvo a punto de colapsar en 2012, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy pagó a proveedores sanitarios 2.252,77 millones de euros repartidos en 728.103 facturas que aguardaban en los cajones desde principios de siglo. Además, el coordinador de la Marea Blanca en Cádiz, Antonio Vergara, asegura que los gobiernos socialistas de la Junta redujeron la inversión en sanidad en 9.000 millones en los últimos diez años. Vergara, que ultimaba esta semana los preparativos de la manifestación que celebran hoy unas 60 entidades en defensa del servicio público, a partir de las 12.00 horas, en el Hospital Puerta del Mar, explica, consultado al respecto, que la política de recortes “nos ha llevado a una situación de extrema gravedad” y advierte de que Andalucía está a la cola de todos los indicadores para medir la calidad del servicio. Y el nuevo Gobierno, agrega, “está intentando desmantelar la sanidad pública”.
Efectivamente, Andalucía es la comunidad con menor gasto sanitario por habitante (1.153 euros), 550 menos que los que destina el País Vasco (1.750). Hay más. El informe 2019 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública indica que nuestra región es la última por camas por cada 1.000 habitantes, con 2,46; Cataluña, con 4,16, casi nos dobla. El documento también refleja el déficit en cuanto a enfermeros y médicos: Andalucía está en el vagón de cola en el ránking autonómico en enfermeros en atención especializada (2,96) y atención primaria (0,58) y, del mismo modo, en la clasificación de médicos especialistas (1,59) y de atención primaria (0,74) por cada mil habitantes. Y, ojo, el asunto se va a complicar en los próximos años. El delegado provincial del Sindicato Médico, Juan Benjumeda, advierte de que el 30% de la actual plantilla de los facultativos de cabecera se van a jubilar en los próximos cinco años. “La generación nacida en los años 1954 y 1955 es muy numerosa”, subraya, y la tasa de reposición no da.
Tampoco trabajar en Andalucía es especialmente atractivo. Basta con echar un vistazo a la tabla salarial para comprender el éxodo sanitario. La retribución bruta por hora de atención continuada en día laborable que recibe un médico en Andalucía es de 18,07 euros; en Murcia, 28,33 euros. En esto la región es la última igualmente. El resto de España, pero también el resto del mundo, acaba siendo el destino de muchos estudiantes y profesionales con años de oficio. No en vano, el Colegio General de Colegios Oficiales de Médicos expidió 4.100 certificados de idoneidad para salir al extranjero. Andalucía es tercera en la clasificación, con 285.
Los responsables políticos, y entramos en el terreno de la organización, tratan de contener esta fuga de talento y mejorar la atención al usuario. La delegada territorial de Sanidad, Isabel Paredes, señala que el departamento que dirige el consejero Jesús Aguirre, prevé aumentar un 2% las retribuciones, proceder a la consolidación de los servicios puestos en marcha en 2019 y equiparar de manera gradual los precios de las guardias, así como extender gradualmente la exclusividad. Además, tal y como confirma el representante del Sindicato Médico, la Administración pone fin a la contratación precaria de uno o dos meses.
La Junta saca también pecho con la reducción de las listas de espera, con más de 4.150 pacientes atendidos con respecto al año anterior y tras reducir la demora media de 201 días, en abril de 2019, a 159 a finales de octubre. Sin embargo, representantes de los trabajadores y asociaciones enfrían el triunfalista. Tachan de “política de ibuprofeno” las medidas puesta en marcha por el Gobierno del cambio y denuncian que la situación está igual o peor que hace un año. Benjumeda señala que ahora mismo las citas para Atención Primaria se pueden retrasar hasta dos semanas y la práctica totalidad de los centros de salud dedican solo cinco minutos a la atención a usuarios.
Azucena Morales, coordinadora de sanidad de UGT Cádiz, lamenta que no haya contratos de refuerzos para sustituciones o vacaciones y alerta de la falta de planificación del punto de atención por gripe, que comienza a masificar los hospitales, hasta el punto de que Puerto Real ha recuperado la tercera cama por habitación, suprimida recientemente. “Hay gente que duerme en sillones y esperas de hasta seis horas por tratamiento oncológico”, apunta.
El Plan de Choque para las listas de espera también es muy cuestionado, especialmente por la asociación El Defensor del Paciente, en cuya memoria correspondiente a 2019 dictamina “que no ha sido del todo efectivo al no contratar nuevo personal, sino que los equipos de un hospital se han estado desplazando a otros”. Fuentes de la Marea Blanca cifraron en el 60% el porcentaje de los recursos destinados a dicho plan que acabaron en la sanidad privada.
Vergara, por su parte, denuncia que “el PP defiende sin tapujos las políticas al a los conciertos”, un “robo a mano armada”, como lo calificó el ex responsable de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, al conocer que el Consejo de Defensa de la Competencia multó a Hospitales Pascual con más de 5,3 millones de euros en 2018 y estimó que la empresa facturó al SAS unos precios abusivos durante tres años y medio, obteniendo un beneficio ilícito de más de 164 millones.
El coordinador provincial de Marea Blanca también achaca a Juanma Moreno una “ideología amante de las privatizaciones” y, por ello, se ha propuesto eliminar el complemento de dedicación exclusiva “que aportará mano de obra sanitaria a las clínicas privadas, ya saturadas y con falta de personal”. El consejero, por su parte, ha tachado de “falacia” que se va a privatizar la sanidad pública, según declaraciones recogidas por Europa Press. Y, con respecto a las manifestaciones de hoy, también en Sevilla, Málaga y Granada, ha denunciado que solo buscan crear miedo. Hasta ahora se habían convocado protestas por sindicatos y profesionales basadas en reivindicaciones “justas”, como más tiempo en las consultas para atender a los pacientes o equiparación de los salarios, pero lo de este domingo, asegura, tiene una intención puramente política.
