El alcalde de Paterna, Andrés Díaz, solicitó a la Junta el pasado 30 de noviembre la suspensión del curso escolar en la localidad durante quince días ante el avance descontrolado de infectados por coronavirus. El escrito acaparó titulares y circuló por redes sociales, donde cosechó mensajes de apoyo como el de una usuaria que, preocupada, expresó su deseo de que “ojalá lo concedan pronto”. La Delegación del Gobierno en Cádiz no ha valorado públicamente la proposición del regidor de acuerdo a la estrategia seguida por los equipos provinciales desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, y llevada al extremo una vez que el Gobierno regional asumió el mando único: San Telmo marca la pauta.
La delegada territorial de Salud también guarda silencio ante las reiteradas peticiones por parte de las localidades de cribados poblacionales. El propio alcalde de Paterna exhibía otra misiva fechada el 23 de noviembre en la que reclamaba a Isabel Paredes que se llevaran a cabo test masivos, una semana antes de que se autorizara. El primer edil de Barbate, Miguel Molina, lamentaba igualmente que había realizado la demanda a la Junta hasta en cuatro ocasiones antes de que la Junta anunciara que se llevaría a cabo finalmente la próxima semana.
Desde el inicio de la segunda ola, en septiembre, Paredes solo ha roto el silencio en una ocasión, tras mantener un encuentro telemático con los alcaldes de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, y El Gastor, Isabel Moreno, ante el elevado volumen de positivos que registraban sus pueblos a mediados de noviembre. Entonces, la Delegación de Salud informó de que no tenía previsto nuevos cribados masivos y aclaró que “las tasas de incidencia no son el único criterio epidemiológico”, recordando que son altas en determinados municipios porque sus poblaciones son muy reducidas. “Hay que mirar también las ratios y ambas, tasas y ratios, ponerlas en su contexto”, añadió. Lejos de rebajar la tensión política, las explicaciones de Paredes solo sirvieron para que Moreno cargara contra “la arbitrariedad de la Junta”.
Sin embargo, pese al ruido mediático y en redes sociales y las reiteradas denuncias por parte de los alcaldes de falta de información y coordinación por parte del Gobierno autonómico, el 35,7% de los gaditanos prefiere que sea la Junta quien gestione la respuesta y las medidas sobre la pandemia, frente al 29,2% que se decanta por el Gobierno, según los resultados de la encuesta realizada por SW Demoscopia para Andalucía Información. Incluso son mayoría los que aprueban la estrategia de Juanma Moreno a los que apuestan por la colaboración entre ambas administraciones (35,1%). En el mismo sentido, siete de cada diez gaditanos se muestran de acuerdo con la declaración del confinamiento y el cierre de todos los municipios decretados por el presidente autonómico a finales de octubre.
Cuestionados sobre el principal responsable del aumento de los casos, apenas un 1,9% señala al Ejecutivo regional y, aunque uno de cada cinco piensa que la culpa no la tiene nadie en particular, casi la mitad de los gaditanos apunta a los propios ciudadanos, el 18,1% al Gobierno de España y, finalmente, el 12,3 a las administraciones públicas y los políticos.
