La explosiva tercera ola de coronavirus lleva a dar por perdido el primer semestre y confirma los peores pronósticos para la actividad turística que, tal y como vaticinó a mediados de diciembre el Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR), no iniciará la recuperación hasta el verano o después, aunque, en cualquier caso, “será lenta o muy lenta”. La entidad considera que, de acuerdo a las consultas a agentes de viajes de toda España, “serán necesarios 1,75 años para conseguir alcanzar el nivel previo” al Covid. Es decir, “no ocurrirá antes de junio de 2022”.
La inseguridad sanitaria y la persistencia del miedo a los contagios son el freno más amenazador y condicionarán “la reserva y la planificación de las vacaciones”. En la última temporada estival, indican fuentes de ObservaTUR, “ha quedado demostrado que los turistas han preferido buscar destinos menos masificados y más próximos a sus lugares de referencia”.
La provincia se vio beneficiada por ello. Según los datos del estudio de movilidad de la población a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles, del Instituto Nacional de Estadística (INE), la costa gaditana fue destino preferente de madrileños en verano. En El Puerto, la población que pernoctaba era tres veces superior a la empadronada.
El diputado provincial de Turismo, José María Román, se muestra seguro de que “se superarán las expectativas en el segundo semestre”. Por un lado, apunta “que hay ganas de viajar” y, por otro, confía en que “el incremento del ahorro en un segmento de la población” acelere la recuperación. Cádiz, señala, parte de una posición privilegiada, porque es un destino consolidado y tiene la “capacidad de transmitir una sensación de libertad y de espacio, con playas extensas y parajes naturales, de “destino turístico de baja carga, que nos da un valor especial” ante el miedo a las multitudes.
Además, indica que el avance en la campaña de vacunación podría permitir ampliar la temporada entre septiembre y el puente de la Constitución, en diciembre, recuperando el turismo internacional. “Esa era la idea que teníamos el año pasado”, explica, pero los rebrotes frustraron los planes.
Menos optimista se muestra, sin embargo, Stephan de Clerck, presidente de la Asociación Provincial de Hotel, quien, pese a coincidir con el también alcalde de Chiclana en que se espera un boom del turismo internacional para el último tramo del año, cuestiona la capacidad del sector para soportar hasta entonces sin despidos y cierres. “Hoy, el 80% de los hoteles de la provincia están inactivos. Hay miedo e incertidumbre. 2021 puede ser peor que 2020”, advierte. Por ello, pide compromiso a las administraciones competentes. De entrada, reivindica el mantenimiento de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) “como mínimo hasta junio”. “También necesitamos ayudas directas para salvar a las empresas”, agrega.
ObservaTUR indica, en la misma línea, que “las medidas llevadas a cabo por el Gobierno son totalmente insuficientes” ante una crisis de demanda histórica (en Cádiz, entre enero y noviembre, las pernoctaciones se redujeron casi un 60% con respecto al mismo periodo de 2019) y “pese al enorme esfuerzo realizado por todas las empresas turísticas desde el inicio de la pandemia para definir protocolos de actuación y adecuarse a las nuevas circunstancias para así asegurar la salud de los viajeros”.
La Junta también es blanco de las críticas. Cristina Gutiérrez, representante de la Asociación de Empresarios de Turismo Andaluz (Astea), muestra su absoluto rechazo a las ayudas directas de 1.000 euros y de tramitación inmediata aprobadas por el Consejo de Gobierno este martes dirigidas a pymes de los sectores del comercio, artesanía, hostelería y agencia de viajes, “ya que no se ha tenido en cuenta que la gran mayoría está en situación de cese de actividad” y no podrán beneficiarse. Además, lo que ofrece no sirve siquiera para cubrir los 1.200 euros que deben abonar en enero las agencias de viajes como pólizas de seguros exigidas por la Consejería de Turismo para conservar la licencia y velar por la seguridad de los clientes.
“Es incomprensible pagar estos seguros cuando llevamos casi un año sin poder ejercer nuestra actividad”, lamenta, y considera igualmente “incomprensible que el Gobierno andaluz no haya gestionado algún tipo de carencia.
“Cada vez vemos más negro nuestro futuro. Muchos compañeros ham cerrado sus oficinas, otros se han arruinado y quienes permanecen abiertos suman deudas millonarias”, añade. “No necesitamos limosnas, ni que se juegue con nosotros, necesitamos que la Junta cumpla su palabra y nos ayude”, concluye.
