El PP de Granada afirma que la Junta de Andalucía "no ha comenzado las obras de ninguna de las 69 depuradoras comprometidas para 2015 a pesar de haber recaudado 20 millones a través del canon del agua".
La parlamentaria andaluza del PP por Granada Ana Vanessa García ha reprochado a la Junta de Andalucía que "después de casi dos años de que entrara en vigor la Ley de Aguas" no se haya hecho "absolutamente nada" en esta materia, lo que ha propiciado que el 56 por ciento de los municipios granadinos "no depuren sus aguas", según los datos que barajan los populares.
En este sentido, ha criticado que el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, siga respondiendo, "un año después de su toma de posesión" a las preguntas del grupo parlamentario popular que las obras se harán "cuando haya disponibilidad presupuestaria".
Para García, esta actitud del Gobierno andaluz es una "irresponsabilidad", pues "pone en peligro a los ayuntamientos granadinos que son multados", con sanciones de hasta "10.000 euros", al no cumplir con los estándares de depuración por algo que "sólo es responsabilidad de la Junta y de su falta de previsión".
Por su parte, la parlamentaria Marifrán Carazo ha cifrado en un 56 por ciento el número de municipios granadinos que no depuran el agua, entre los que se encuentran 29 pueblos del Parque Nacional de Sierra Nevada que al no seguir estos controles "están poniendo en riesgo dicho entorno natural".
Según sus estimaciones, la recaudación de la Junta por las sanciones a municipios que no depuran sus aguas se eleva a "un millón de euros" anuales en la provincia de Granada.
Carazo ha señalado que la construcción de las 69 depuradoras supondría una inversión de 200 millones de euros en la provincia de Granada. Sin embargo, "al no haberse ejecutado, desde el año 2010, se han perdido 4.000 puestos de trabajo para acometer dichas infraestructuras y además no sabemos a qué se ha destinado dicho dinero".
El PP va a presentar una moción en todos los ayuntamientos afectados para exigir a la Junta de Andalucía que acometa y empiece de manera urgente los trabajos.
