La Fiscalía ha mantenido este miércoles su petición de un año y ocho meses de prisión para el que fuera alcalde de Monachil (Granada), el socialista José Luis Samos, por el accidente que sufrió un agente de la Policía Local en 2009 en la carretera de Sierra Nevada cuando patrullaba con un vehículo al que le fallaron los frenos.

   Le atribuye un posible delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave, los mismos que imputa al exconcejal de Seguridad Ciudadana y Transportes Alberto Contreras, también acusado, que se enfrenta igualmente a una condena de un año y ocho meses de prisión.

   Además, la fiscal, que reclamaba inicialmente cuatro meses de cárcel para el jefe de la Policía Local en el municipio, por un delito de lesiones por imprudencia grave, ha modificado su petición de pena, elevándola a un año más de prisión y multa de 2.700 euros, considerándolo presunto autor no sólo de un delito de lesiones por imprudencia grave, sino también de otro contra los derechos de los trabajadores.

   Ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Granada, donde ha quedado ya el juicio visto para sentencia, el Ministerio Público ha considerado que los tres procesados deberían haber previsto las malas condiciones en las que se encontraba el vehículo siniestrado, que era el único con el que contaba entonces la Policía Local para patrullar por Sierra Nevada y que solía hacer unos 70.000 kilómetros al año por alta montaña, por lo que requería un celo especial para mantenerlo en perfecto estado.

   Con respecto al jefe de la Policía Local, la fiscal ha considerado que si bien no tenía responsabilidad política en establecer un gasto para destinarlo a reparación del vehículo, sí que "incumplió" las obligaciones que le imponía el reglamento como mando superior que era.

   Por su parte, los abogados que defienden a los tres procesados han reclamado la libre absolución de sus clientes, y han puesto en duda que el accidente ocurrido se produjera por un fallo mecánico, ya que, pudo tener que ver, según han dicho, el exceso de velocidad en la conducción.

EL EXALCALDE NIEGA RESPONSABILIDAD

   Durante la primera sesión del juicio, que arrancó este martes, el exalcalde negó responsabilidad en el accidente y dijo que desconocía los fallos que presentaba el vehículo, y los informes que al respecto formularon los funcionarios de la Policía Local.

   De hecho, indicó que las competencias en materia de seguridad estaban delegadas en el concejal del área, y que correspondía al jefe de la Policía Local la decisión de enviar o no a reparar el coche, aunque explicó que su equipo de gobierno era consciente de que había que cambiar la flota de vehículos propiedad del Ayuntamiento, no sólo de la Policía Local sino también de otras áreas, y así se presupuestó en 2009.

   En la misma línea que el alcalde, el exconcejal indicó que aunque el jefe de Policía Local le trasladaba de forma muy frecuente sus informes, no recordaba el que específicamente trataba sobre las deficiencias del vehículo siniestrado y ha mantenido que si había que inmovilizarlo, debía haberlo hecho precisamente el mando policial.

   Sin embargo, el jefe de la Policía Local sostuvo que tanto el alcalde como el concejal de Seguridad eran informados de las incidencias en el municipio, incluidos los informes de los funcionarios sobre los defectos del vehículo y, de hecho, incidió en que debían de dar su visto bueno a las reparaciones a las que se sometió en varias ocasiones en el taller. De todas formas, ha afirmado que él no observó que el coche siniestrado presentara un "peligro inminente", y que, de haberlo sabido, habría procedido a inmovilizarlo.

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

   Los hechos se remontan a las 14,30 horas del 13 de diciembre de 2009, cuando el policía local del Ayuntamiento de Monachil circulaba en servicio de patrulla a bordo del vehículo oficial, titularidad del Ayuntamiento de Monachil, dirección Sierra Nevada. Al llegar al punto kilométrico 1,700 de la citada vía en tramo descendente se percató de que el vehículo no frenaba correctamente, dado que al pisar el freno emitía ruidos extraños, y pese a que pisaba hasta el fondo, el coche no respondía.

   Ante la presencia de otro vehículo en sentido contrario, el policía intentó sin éxito hacer uso del freno de mano, por lo que de forma definitiva perdió el control del vehículo, que colisionó contra un Seat Toledo. Como consecuencia de esta colisión, el vehículo oficial sufrió un vuelco sobre la calzada en forma de campana saliéndose por el margen derecho en sentido de su marcha, y quedó siniestro total, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público.

   El conductor tuvo lesiones consistentes en síndrome de latigazo cervical, dorsalgia, policontusiones y cuatro contracturas en trapecios que requirieron de tratamiento médico curativo mediante anelgesia, reposo relativo, y miorrelajantes así como rehabilitación con 55 sesiones curativas. Le han quedado como secuelas cervicalgia por contractura con cefaleas e inestabilidad potenciándose ante esfuerzos.

   La causa del accidente, según el fiscal, fue los defectos esenciales y estructurales en los mecanismos básicos del vehículo motor oficial que, existiendo con anterioridad al siniestro, "generaban un riesgo grave para la vida e integridad" al menos de sus usuarios, no sólo del agente lesionado, sino del resto de funcionarios de la Policía Local.

   De hecho, tenía deficiencias en el sistema de frenado y defectos en los neumáticos como consecuencia del desgaste o mal estado de la rodadura, que fueron detectadas por al menos seis agentes, quienes desde el mes de julio de 2009 habían trasladado a los acusados de forma verbal y escrita los graves defectos mecánicos detectados que finalmente causaron el accidente sin que por parte de ellos se realizara comprobación de los mismos, ni se procuraran las revisiones así como reparaciones necesarias.

   Además, la escasa disponibilidad de vehículos de la Policía Local unida el intenso tráfico motivado por la temporada de esquí de Sierra Nevada determinaba que el vehículo siniestrado se viera obligado a efectuar un elevado número de kilómetros (alrededor de 20.000 desde abril a diciembre) provocaba un cambio de circunstancias o de estado del vehículo desde el momento de la ITV (que pasó en abril de 2009) obligando a los procesados a observar "unas mínimas precauciones en orden a la revisión periódica para su correcto mantenimiento".