La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha absuelto a un interno del centro penitenciario de Albolote que estaba acusado de ofrecer dinero a otros reclusos para que mataran a su hermana y su sobrino, hechos por los que se enfrentaba a 10 años de prisión.

   El acusado, José A.J.P., ya fue condenado anteriormente, en 2009, por obstrucción a la justicia en su modalidad de coacciones y amenazas sobre testigos y peritos, y en febrero de 2013 a siete años de prisión por tentativa de asesinato con la atenuante de trastorno mental.

   En la sentencia absolutoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal considera que en este caso existen "indicios contradictorios", por lo que al no existir "plena convicción" sobre lo realmente sucedido, debe proceder la absolución del procesado del delito de proposición para delinquir del que estaba imputado.

   Así, se considera probado que el inculpado ingresó como preso preventivo en Albolote el 3 de febrero de 2010, al haber intentado acabar con la vida de su sobrino el día anterior. En los primeros meses de 2012, varios internos se pusieron en contacto con el letrado que llevaba el caso de la hermana del inculpado para informarle de que éste estaba "intentando comprar gente para asesinar a sus clientes" y que habían sido testigos de cómo buscaba a un asesino a sueldo para liquidar a familiares, testigos y abogados, lo que, según los jueces, "no ha quedado acreditado".

   La Fiscalía, que pidió para el inculpado 10 años de prisión, le acusaba de contactar con otros reclusos y exponerles su deseo y pretensión de acabar con la vida de su hermana y el hijo de ésta, como "represalia" a su actuación procesal en las causas por las que había sido condenado.

   Como desarrollo del plan así calculado, llegó presuntamente a ofrecer, según la acusación pública, para así asegurar el "letal resultado deseado", todos los planos gráficos de situación, localización y datos precisos sobre sus familiares, incluyendo hábitos y horarios, y una cantidad de entre 3.000 y 40.000 euros a quien materializase tan "criminal propósito".