La juez argentina que aceptó incorporar el caso de la desaparición de Federico García Lorca a la investigación que lleva adelante por los crímenes del franquismo, solicitó a España el envío de documentación sobre la detención y muerte del poeta, confirmaron hoy a Efe fuentes judiciales.
La jueza María Servini de Cubría remitió un exhorto a la Justicia española en el que solicita que le sean enviadas copias certificadas de documentos, relativos a García Lorca, de la Tercera Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada.
Esta documentación debe estar en manos del Ministerio del Interior español, Según fuentes judiciales consultadas por Efe en Buenos Aires.
La magistrada argentina pidió asimismo a España copia de cualquier otra "documentación que obre en los archivos relativa a la detención y el homicidio de García Lorca".
El caso del poeta ha sido incorporado a la causa que lleva adelante Servini de Cubría, quien investiga delitos de lesa humanidad cometidos por el franquismo entre julio de 1936 y junio de 1977.
La denuncia por la desaparición de García Lorca fue presentada en abril pasado ante la Justicia argentina por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
En la denuncia se hace mención del documento de la Jefatura Superior de Policía de Granada, fechado el 9 de julio de 1965, y ahora la jueza argentina quiere tener copias certificadas de la documentación para poder darle valor legal.
Ese documento señala, según la querella, que García Lorca fue fusilado junto a otra persona y define al poeta como "socialista y masón".
De acuerdo al documento, en agosto de 1936, García Lorca se encontraba en Granada, hasta donde había llegado días antes desde Madrid, ciudad en la que residía, y en el lapso de pocos días se practicaron dos registros en su domicilio.
Después de esos registros Lorca se refugió en casa de sus amigos, los hermanos Rosales Camacho, vinculados por su afiliación al movimiento Falange a los rebeldes levantados en armas contra el Gobierno de la República.
Allí permaneció hasta su detención, que el documento en cuestión sitúa entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1936 y que se produjo con una orden procedente del Gobierno Civil.
La denuncia recoge que García Lorca fue sacado del Gobierno Civil "por fuerzas dependientes del mismo" y conducido en un coche al término municipal de Víznar junto a otro detenido y que, en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande, "fue pasado por las armas".
Las fuentes judiciales argentinas consultadas explicaron que Servini de Cubría investiga este caso bajo el "principio de jurisdicción universal", que tiene rango constitucional en Argentina y que le da la potestad a la Justicia del país suramericano de investigar causas de crímenes de lesa humanidad que no sean investigados en las jurisdicción donde los hechos ocurrieron.
"Si el Estado donde los hechos fueron cometidos no investiga un delito de lesa humanidad, como fueron los crímenes del franquismo -dentro de un plan sistemático, generalizado y deliberado de eliminar a partidarios de la República-, la jueza tiene potestad de investigar porque no está siendo investigado en España", indicaron.
