Un grupo vecinal de Santa Adela se ha reunido con representantes de todos los grupos municipales a las puertas del Ayuntamiento de Granada, exigiendo que las obras pendientes de rehabilitación de viviendas del barrio comiencen ya, pues "tenían que haber empezado a primeros de año prácticamente" y no lo han hecho, mientras que empieza a haber problemas de insalubridad en estos inmuebles desalojados.
La portavoz de la plataforma vecinal de Santa Adela, María del Carmen Ariza, ha señalado que, "como no hay obra en España en ningún sitio, han venido aquí todas las empresas como fieras a aumentar sus presupuestos" y "están haciendo alegaciones".
Tras el recurso presentado por una de las empresas que presentó proyecto, según ha indicado Ariza, a mediados del mes de mayo, los vecinos fueron informados por el Ayuntamiento de que "en unos quince días como mucho, eso estaba ya totalmente resuelto".
Posteriormente, la semana pasada, en conversaciones con el equipo de gobierno, se les confirmó que "ya se había resuelto" este asunto y que, a principios de esta semana, se procedería a la firma con la empresa adjudicataria. Sin embargo, los vecinos se han encontrado "con la sorpresa de que no es cierto" y que "ahora hay que volver a ver el requerimiento que ha puesto esta empresa, y que no se sabe" la fecha de inicio.
Han exigido nuevos plazos y han lamentado que "en Santa Adela nos van a comer este verano los bichos y las ratas" mientras que "la peste ya no se aguanta" en los inmuebles desalojados para el inicio de las obras, ha explicado Ariza, quien, con el resto de vecinas, ha mantenido un encuentro también con técnicos de Urbanismo.
El concejal de Economía y Contratación de Granada y portavoz del equipo de gobierno, del PSOE, Baldomero Oliver, ha explicado, por su parte, que la resolución del recurso presentado a la adjudicación depende de un tribunal municipal que "lleva a cabo su trabajo de forma independiente de los órganos de contratación", en el marco de unos plazos que, "hasta ahora", ha ido "cumpliendo" de manera "relativamente pronta".
Asimismo, "cualquier problema de salubridad, de orden público o de otra índole, se resolverá independientemente del trabajo que tenga que hacer el tribunal" dentro de sus funciones de arbitraje entre la administración pública y las empresas, ha agregado Oliver a los periodistas.
A mediados del pasado mes de mayo, el edil de Urbanismo de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, se mostró confiado, en que, en diez días aproximadamente, pudiera concluir el proceso de adjudicación de las obras de Santa Adela, una vez que el tribunal municipal de contratación resolviera el recurso presentado por una de las empresas que presentó proyecto.
La Asociación de Constructores y Promotores de Granada había señalado anteriormente que el Ayuntamiento de la capital había "procedido a paralizar el proceso de adjudicación de Santa Adela hasta que se esclarezcan algunos aspectos de la contratación por las quejas de algunos licitadores".
En un comunicado, la asociación señaló que las obras han sido adjudicadas provisionalmente a Dragados con "una oferta calificada como baja desproporcionada", de acuerdo a los términos marcados por los pliegos que regían el procedimiento, "lo que supone que la empresa va a realizar la obra a un precio menor al considerado como factible".
A juicio de los empresarios, "esta incomprensible situación lleva a los vecinos de Santa Adela a sufrir un nuevo retraso haciendo crecer la incertidumbre en las posibilidades reales de la ejecución de sus viviendas".
El Ayuntamiento de Granada recibió casi 40 ofertas de diferentes empresas, algunas agrupadas en UTE, para las obras de demolición y construcción en el marco del proyecto de rehabilitación de la barriada de Santa Adela, en el Zaidín.
Con un presupuesto total de 9,5 millones de euros IVA incluido, procedente de las administraciones central, autonómica y municipal más las aportaciones de los propietarios, las actuaciones proyectadas en el barrio incluyen tanto la demolición de 156 viviendas, como la construcción de 128 viviendas nuevas, que tendrán el régimen de vivienda protegida, y la reurbanización de la zona. Mientras se ejecutan estas labores, el acuerdo contempla el realojo temporal de los vecinos residentes, una tarea que se reforzará con trabajos de acompañamiento social.
En paralelo, se anunció el inicio de obras para garantizar la seguridad y evitar ocupaciones en las viviendas que han sido desalojadas para estos trabajos, las cuales estuvieron protegidas con presencia policial.
