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Provincia de Granada

El jurado del caso de Guadahortuna comienza a deliberar

Por el supuesto asesinato de su mujer a tiros, en el municipio de Guadahortuna en junio de 2018

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  • Juzgados. -

El jurado popular de seis hombres y tres mujeres que enjuicia en la Audiencia Provincial de Granada al hombre de 54 años que se enfrenta a 28 años de prisión por el supuesto asesinato de su mujer a tiros, en el municipio de Guadahortuna en junio de 2018, se ha retirado a deliberar este jueves al mediodía, después de recibir el objeto del veredicto.

Así lo ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una vez concluida la lectura de los informes de conclusiones definitivas de las partes. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular, que representa a los intereses de la familia de la víctima, que tenía 43 años, piden para él una pena total de 28 años de prisión por la presunta comisión de delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas.

Este pasado miércoles, la fiscal defendió que la alevosía con la que actuó el procesado, en prisión provisional por estos hechos, es "de libro" pues "no apunta a cualquier sitio" sino "a la espalda" y "a menos de un metro".


Una vez paralizada, le dispara, según agregó la fiscal con base en los testimonios de testigos y peritos que se han escuchado estos días, un segundo tiro "casi inmediato y a corta distancia, al abdomen", y para "asegurarse la muerte", un tercero a la cabeza.

Respecto de la atenuante de confesión propuesta por la defensa, que mantiene que fue un homicidio imprudente, según señaló la fiscal, no existe pues, en su declaración ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, "habla de unos bichos" que se la aparecieron cuando disparó, si bien "no ha quedado acreditado" que "esta persona tuviera alucinaciones".

En su declaración, el pasado lunes, ante el tribunal, con un jurado popular que ahora deberá de dictaminar si es culpable y si tuvo intención de matar, entre otras cuestiones relativas a los hechos que se juzgan, el acusado indicó que disparó cuando creyó que se le abalanzaban unas "hormigas muy grandes" tras consumir un litro de güisqui en su casa. En el proceso está representada como acusación popular la Junta en defensa del interés general.

RELATO DE HECHOS

Según el escrito de conclusiones definitivas de la Fiscalía, el acusado se dirigió al domicilio familiar el 16 de junio de 2018, en torno a las 13,30 horas, en el que ya no vivía por su "afición" a la bebida, por lo que residía con su madre.

Portaba supuestamente un revólver para cuyo uso no tenía licencia. Con "el decidido e inequívoco propósito de acabar con la vida de su esposa", al llegar cerca del domicilio familiar, divisó cómo ella caminaba de espaldas, por lo que, "sin mediar palabra y de forma sorpresiva", habría efectuado un primer disparo que "le alcanzó a la espalda".

Ello le provocó "una parálisis súbdita de los miembros inferiores" a la víctima a la que, ya en el suelo, realizó supuestamente un segundo disparo a la región abdominal. Por último, y, según el fiscal, "con intención de asegurarse de la muerte" de ella, le descerrajó un tiro a quemarropa en la cabeza.

La víctima fue trasladada al Hospital de Traumatología de Granada, donde, a pesar de ser intervenida quirúrgicamente, falleció a las 17,30 horas del 17 de junio, por los politraumatismos causados por herida de arma de fuego.

El Ministerio Público agrega que el matrimonio, que tenía tres hijos en común, llevaba unos meses separado, lo que el acusado "no aceptaba, en la creencia de que su esposa pudiera mantener alguna otra relación con otra persona". Por ello, en otras ocasiones, se había dirigido a ella "con insultos y admoniciones de muerte", a lo que ningún miembro de la familia prestó atención.

En el momento de los hechos, el acusado "no presentaba ningún signo de haber ingerido bebidas alcohólicas" ni constan en el informe forense "patología neurológica ni psiquiátrica", detalla la fiscal, que pide para él 25 años de prisión por la presunta comisión de un delito de asesinato, por el que también interesa diez años de prohibición de acercarse a sus hijos a menos de 500 metros y de comunicarse con ellos.

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