El parlamentario rondeño del PP Daniel Castilla hizo pública este lunes la contestación recibida por parte de la Consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), tras una pregunta de los populares referida al corte en la conexión de la Venta del Cordobés, en la carretera entre Ronda y Ardales, cerrada al tráfico desde hace semanas tras originarse un socavón a causa de las fuertes lluvias.
Castilla dijo sentir "pavor" tras que la contestación no incluya ninguna fecha definitiva para la reapartura del tramo: "En la contestación asegura la Consejera que se están estudiando las medidas correctoras más adecuadas, y mucho nos tememos que ni saben ni tienen idea de cuando se abrirá el tramo", declaró el parlamentario, tras denunciar que "los rondeños seguimos siendo los sufridores" y los "graves perjuicios económicos" que la situación de las carreteras que llegan a la ciudad tienen para la comarca.
Castilla anunció que ha demandado a la Junta poder cursar una visita a la zona afectada con técnicos de la Junta si bien aseguró que "aún no me han contestado" sobre la posibilidad de cursar dicha visita.
Demandó finalmente que "desde Ronda se adopten medidas de presión" tal y como por vía parlamentaria está haciendo el grupo popular.
DECRETO DE EXCLUSIÓN
Por otra parte, Daniel Castilla criticó por "cicatero y cortoplacista" el decreto de exclusión social aprobado por la Junta de Andalucía. El parlamentario criticó la insuficiencia de realizar contrataciones por valor de 1.000 euros mensuales por tres meses como máximo, asegurando que no es una medida de choque suficiente "ante el grave problema del desempleo en Andalucía".
El parlamentario denunció además una trampa en dicho decreto, al asegurar que el dinero que ahora se compromete a los Ayuntamientos es en realidad el dinero que corresponde "por ley" a las entidades locales a través de la participación en los tributos de la Comunidad (PATRICA), si bien las cantidades asignadas a cada localidad son menores a las comprometidas en su día: "Si a Ronda deberían llegar 239.969 euros, llegarán 29.508 euros menos a través de este plan de exclusión. A Arriate llegarán 14.000 euros menos, 15.000 menos a Gaucín y 11.000 menos a Cortes de la Frontera", denunció Castilla, quien finalmente aseguró que, con todo, "el principal problema" es el planteamiento propuesto por la administración regional: "Se pide a los Ayuntamientos que adelanten el dinero, para que después pague la Junta. Pero sabemos que es que la Junta no paga a nadie", concluyó.
