Han pasado cuatro años desde que en el mes de septiembre se puso en marcha la Operación Acinipo. Durante estos años las personas implicadas en el caso han reclamado con insistencia la agilización de la instrucción para conocer con exactitud los motivos por los que fueron imputados y para poder defenderse de las acusaciones recogidas en la investigación.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)que entra en vigor el próximo 6 de diciembre podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la instrucción del sumario y es que en la nueva ley se limitan las instrucciones a seis meses para los casos sencillos y a dieciocho para los complejos. Por ello, los jueces y fiscales deberán analizar cada uno de los casos y decidir que van a hacer con ellos. Según fuentes consultadas por RONDA SEMANAL el fiscal ya no podrá pedir nuevas pruebas si se le acaba el plazo y si no las ha solicitado ya, por lo que serán algunas de las partes de la investigación las que podrían quedar incompletas por falta de pruebas.
Desde el mes de septiembre se ha hecho cargo de la instrucción la jueza Teresa Maqueda Almendros que ha ocupado la plaza de Judith Sáiz que se marchó a un nuevo destino. De esta forma, será la jueza Maqueda la que, a propuesta del fiscal, deberá o finalizar la instrucción o ampliar el plazo nuevamente en una posibilidad que según fuentes judiciales está reservada solo para casos especiales. No obstante existen serias dudas entre los profesionales de la judicatura sobre la aplicación de la nueva Ley por la complejidad de resolver los más de 5.000 casos que, por ejemplo, hay pendientes en la provincia de Málaga. La norma prevé que jueces de Instrucción y fiscales hagan una gran auditoría de los procesos vivos para determinar qué hacer con ellos con la dificultad de que no se ha dotado de personal ni de nuevos medios a los distintos juzgados.
Los plazos empezarán a contar el día 6 de diciembre por lo que la fecha límite para decidir sobre el futuro del caso Acinipo estará marcada en junio de 2017.
