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23/06/2024  

Rota

Lourdes Couñago: "Rota municipio libre de desahucios no supone saltarse el dictamen de un juez"

La delegada de Servicios Sociales explica que las medidas del documento tienen como objetivo evitar precisamente que se llegue a una sentencia de desahucio con medios

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La delegada de Servicios Sociales, Lourdes Couñago, ha querido despejar las dudas existentes alrededor de la declaración por unanimidad en Pleno de Rota como municipio libre de desahucios. Una declaración basada en un documento que refleja un conjunto de medidas que se integrarán en una ordenanza que se encuentra en elaboración que será llevada al Pleno del mes de noviembre.

Las medidas que se pongan en marcha, según ha señalado la delegada, se refieren a la vivienda habitual, no a segundas residencias, y están enfocadas a personas con recursos limitados. Pero sobre todo, Couñago ha querido dejar claro que esta declaración no significa que el Ayuntamiento de Rota va a pasar por encima de lo que dictamine un juez. "Lo que pretendemos con estas medidas es no llegar a que el juez dictamine un desahucio. Un político, con responsabilidades de gestión no puede pararse delante de una puerta a parar un desahucio, tiene que gestionar para evitar que se produzca, y llegado el caso, buscar una solución habitacional para esa familia sin recursos que va a irse a la calle, sobre todo en los casos que se dan en Rota que suelen ser desahucios por alquiler. Ahí hay que cuidar tanto del inquilino como del dueño, que también tiene derecho a cobrar su dinero".

Para evitar llegar al desahucio, se plantean propuestas como las ayudas de emergencia para el pago del alquiler, que hasta ahora se demoraban tres meses y que ahora serán mensuales; se va a eliminar el requisito de que la vivienda tenga una habitación por cada dos miembros computables para la concesión de las ayudas, y se pretende poner en marcha un programa de alquileres sociales, con la ayuda de vecinos que cedan sus viviendas al Ayuntamiento para que éste las gestione, con alquileres no superiores a los 250 euros. Con este programa se daría solución, según la delegada, a varios problemas. "La vivienda se va a alquilar, se va a pagar el alquiler, al menos la parte del Ayuntamiento que será el 90% del mismo, y los posibles daños en la vivienda quedarían cubiertos por un seguro que suscribiría el Ayuntamiento para evitar y solucionar los desperfectos". ha explicado.

"Con Rota libre de desahucios no nos vamos a saltar lo que diga un juez. Desde la política se gestiona; desde el activismo se funciona de otra manera", ha insistido la delegada.

Además, la delegada ha querido dar respuesta a la petición realizada desde el partido Roteños Unidos para que Aremsa destine una partida a garantizar el suministro de agua a los roteños, evitando cortes por impagos o retrasos involuntarios. "El documento Rota libre de desahucios incluye llegar a acuerdos con las empresas que prestan servicios básicos como agua o electricidad a no cortar el suministro mientras exista el riesgo de exclusión social por desahucio, instándoles a la condonación o al aplazamiento de los pagos", ha explicado Lourdes Couñago.

La edil ha recordado al partido independiente que estas medidas se llevan tomando desde hace un año, y las familias sin recursos en Rota "tienen agua, no se les corta desde hace mínimo un año. Las familias que objetivamente no pueden pagarla tienen una ayuda de 400 euros anuales, pero además el Ayuntamiento se adhirió al programa extraordinario de la Junta de prestación de suministros mínimos vitales", por el cual el Consistorio recibe unas cantidades para hacer frente a este tipo de eventualidades. Este programa está dotado este año con 19.000 euros. Además, estas personas pueden optar en Aqualia al fraccionamiento de la deuda. "En este pueblo no se corta el agua a nadie que no pueda pagarla, por eso me sorprendió la petición de RRUU, que han estado gobernando". Además, y a instancias de una moción de IU, el Parlamento Andaluz acaba de aprobar una moción por unanimidad para prohibir los cortes de agua domésticos para colectivos que no pueden hacer frente a su pago, garantizando una cantidad mínima de agua por persona.

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